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A la Corte Constitucional llegó la tutela de los líderes sociales que pide protección para su vida y garantías para su labor activista en los territorios del país.
En la tutela, promovida por 10 líderes y lideresas sociales, se advierte sobre los incrementos de la inseguridad y amenazas por “los incumplimientos de lo pactado en el Acuerdo final de Paz”.
Según cifras del programa Somos Defensores, de enero a septiembre de 2020 se registraron 135 asesinatos; mientras que el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), ha registrado por lo menos 22 asesinatos de líderes en lo que va corrido de este año.
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La tutela pasó por el juzgado 45 civil del Circuito de Bogotá y por la Sala Civil del Tribunal de Bogotá, ambos jueces ordenaron al Gobierno garantizar el derecho a defender derechos.
“La elaboración de una campaña por parte de la Presidencia que atienda la estigmatización de los líderes y lideresas sociales; y la inclusión de un enfoque étnico racial y cultural en las medidas de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP)”, fueron algunas de las órdenes según la organización Dejusticia que acompaña la tutela.
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Lo que dice la organización es que la decisión que tome la Corte podría abrir el camino a cumplir con lo establecido en el Acuerdo de Paz.
Tampoco se descarta que la Corte establezca el Estado de Cosas Inconstitucional por la situación de inseguridad de los lideres sociales.
“La grave situación de seguridad que enfrentan quienes ejercen la defensa de los derechos humanos (…) la Corte Constitucional tiene la posibilidad de hacer seguimiento exhaustivo a las políticas del Gobierno para enfrentar tal situación”, dijo la organización a través de un comunicado.
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