Mujeres cabeza de familia pueden sustituir prisión por servicio social: Ministra de Justicia

Ministra de Justicia habla sobre Ley 2292 de 2023 que beneficia a mujeres cabeza de familia condenadas por delitos menores.
La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, defiende reforma a la justicia y no se opone al retiro del artículo de rebajas de penas a delitos contra menores de edad.
La Ley de utilidad pública aplica únicamente para delitos menores, como hurtos simples y ciertos casos relacionados con tráfico de estupefacientes. Crédito: Colprensa

En una entrevista emitida en La FM de RCN, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, habló sobre la implementación de la Ley 2292 de 2023, conocida como la Ley de utilidad pública. Esta normativa permite que mujeres cabeza de familia condenadas por ciertos delitos puedan cumplir sus penas en libertad, realizando actividades de impacto social.

“La Ley 2292 significa medidas afirmativas para proteger a las mujeres cabeza de familia. Entendemos que el incremento del índice de mujeres que delinquen para sostener a sus hijos refleja un cambio en sus roles: hoy son las principales proveedoras de sus hogares”, afirmó la ministra.

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La Ley de utilidad pública aplica únicamente para delitos menores, como hurtos simples y ciertos casos relacionados con tráfico de estupefacientes, siempre que la pena sea inferior a ocho años. Además, se debe comprobar que el delito está asociado a condiciones de marginalidad que afectan la manutención del hogar.

“Hoy contamos con 105 medidas sustitutivas que permiten que las mujeres estén en sus hogares, cuiden de sus hijos y presten un servicio de utilidad pública en determinados lugares. Es una oportunidad para mostrarles que existen otros caminos y vías para salir adelante”, explicó Buitrago.

La ministra aclaró que la ley no busca promover el delito ni se otorga de forma indiscriminada. “Si la persona fue sancionada en los cinco años anteriores, no habrá lugar a la sustitución. La norma es taxativa: aplica únicamente para madres cabeza de familia bajo condiciones específicas, y se evalúa caso por caso”, señaló.

También destacó que tanto la Defensoría del Pueblo como la Fiscalía General han respaldado la ley mediante resoluciones y directivas que promueven su correcta aplicación. Según Buitrago, estas instituciones coinciden en que “no solo la prisión es una medida adecuada; las penas sustitutivas también generan resocialización y oportunidades”.

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La ministra compartió historias de mujeres beneficiarias que lograron transformar sus vidas gracias a la medida. “Una de ellas, que ahora trabaja en una casa de ancianos, decía: ‘Nunca supe que era capaz de entregar algo a los demás hasta que me dieron esta oportunidad’. Otra beneficiaria afirmó: ‘Lo hice por mis hijos, por necesidad, pero gracias a esta medida sé que puedo trabajar y cambiar mi vida’”, relató.

Buitrago subrayó que esta ley no solo contribuye a la resocialización, sino que también busca atender el contexto de pobreza y violencia estructural que enfrentan muchas mujeres en Colombia. “No todos deben estar en la cárcel. El derecho penal también permite restaurar, y esta es una oportunidad para quienes nunca antes la tuvieron”, concluyó.


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