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Los congresistas Juanita Goebertus, David Racero, Inti Asprilla, María José Pizarro, Edwin Díaz, Carlos Navas y Ángela María Robledo, denunciaron penalmente a los congresistas que votaron la modificación a la Ley de garantías en el proyecto de Presupuesto General para el 2022.
En la acción, pidieron a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que investigue por un presunto prevaricato a los políticos que votaron a favor de esa modificación.
El texto de la demanda que llegó a ese tribunal, indica que el 19 de octubre (día del debate) el congresista Carlos Navas advirtió que “con dicho artículo se estaría modificando una norma contenida en una Ley de carácter estatutario, que solamente puede ser modificada por otra de la misma naturaleza y no por una Ley de índole ordinaria”.
Cabe mencionar que los parlamentarios que adelantaron la denuncia, manifestaron que “su aprobación entrañaría una vulneración flagrante de la Constitución y del reglamento del Congreso, que los podría hacer incurrir en el delito de prevaricato al tomar una decisión con efectos jurídicos que es manifiestamente contraria a derecho”.
Esta acción judicial se suma a la que ya presentó el abogado Augusto Ocampo, quien también señaló que fue ilegal la manera como se aprobó la modificación de la Ley de garantías.
“La gravedad de esta conducta por sus efectos y la inminencia de un perjuicio irremediable en detrimento del ejercicio del derecho (…) la garantía fundamental de igualdad (…) impone asumir con diligencia el deber de investigar penalmente a los legisladores que pidieron incurrir”, destaca uno de los apartes de la denuncia que presentó el abogado.
La Corte Suprema está en trámite de reparto de los procesos y tendrá que definir si abre investigaciones preliminares a los congresistas que votaron a favor de la modificación a la Ley de garantías en el Congreso.
