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La Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos abrió este martes cinco indagaciones para determinar si las operaciones militares que la administración de Gustavo Petro ha adelantado contra Néstor Gregorio Vera, alias 'Iván Mordisco', han cumplido con el derecho internacional humanitario.
El despacho del procurador Néstor Osuna decretó varias pruebas para establecer si las tropas tenían conocimiento previo sobre la presencia de menores en los campamentos atacados y si la participación de los adolescentes se enmarca en las hostilidades.
La meta del ente de control, que requirió al Ministerio de Defensa y al Comando General de las Fuerzas Militares, es observar si las unidades castrenses respetaron el principio de precaución, que exige tomar medidas de protección ante acciones que puedan causar daños graves a personas protegidas.
Osuna firmó cinco autos de apertura de indagaciones contra miembros "por determinar" del Ejército Nacional. El primero, por una operación militar el 24 de agosto en la vereda New York, de El Retorno, Guaviare, donde "se presentaron bajas donde presuntamente había menores de edad".
El Ministerio y el Comando deberán informar qué batallón participó en la ofensiva. La Procuraduría también le pidió respuestas al comandante de la Fuerza Aeroespacial, el general Luis Carlos Córdoba, y a la Fiscalía le solicitó copia del expediente que haya abierto por la acometida.
La Justicia Penal Militar deberá remitir copia de su expediente, si lo hay, y el Instituto de Medicina Legal, los informes de necropsias. El Instituto informó el 17 de noviembre que recibió ocho cuerpos, entre los que había tres menores, dos de género masculino y uno de femenino.
Entre Medicina Legal y el presidente Gustavo Petro hay diferencias sobre los sitios en los que ha habido bombardeos y sobre las muertes de menores. Según el mandatario, cuatro adolescentes murieron en Caquetá el primero de octubre; según Medicina Legal, fallecieron en Amazonas.
La Defensoría del Pueblo documentó los decesos en Amazonas, en Puerto Santander. En todo caso, la Procuraduría buscará zanjar los contrastes con una inspección en Caquetá, en la que buscará veintiún pruebas, incluyendo informes de patrullaje, fotografías, órdenes de operaciones y quiénes participaron.
Y en Puerto Santander, como "se conoció que se presentaron bajas donde presuntamente había menores de edad", el auto de apertura le pidió al Ministerio de Defensa, al Comando de las Fuerzas Militares, a la Fiscalía, a la Justicia Penal Militar y al Instituto de Medicina Legal toda la información.
El procurador Osuna ordenó las mismas pruebas para el operativo del 10 de noviembre en la vereda Itilla, del municipio de Calamar, en Guaviare, donde murieron siete menores de entre trece y diecisiete años, y para Puerto Rondón, en Arauca, donde tres días después murieron ocho personas, incluyendo a un menor.
Después de que las autoridades entreguen toda la documentación, la Procuraduría ordenará sendas inspecciones disciplinarias en los lugares desde donde se hayan dirigido las operaciones. "A pesar de lo doloroso y terrible de la noticia, es nuestro deber indagar si hubo alguna vulneración", dijo Osuna.
