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El presidente Gustavo Petro sancionó la Ley 2553 de 2025, que confirma la creación de la Universidad del Ministerio Público a partir de la transformación del Instituto de Estudios de la entidad, una iniciativa del procurador general, Gregorio Eljach.
La normativa tuvo un trámite exprés. Eljach, el exsecretario del Senado a quien Petro ternó para asegurarse una victoria, la radicó el 5 de agosto, y su último paso, aun con la semana de receso legislativo, fue una conciliación la última semana de octubre.
El respaldo fue multipartidista. La Cámara la aprobó en último debate con 91 votos a favor y solo seis en contra, contando con el respaldo de su presidente, Julián López, del Partido de La U, quien la calificó como "la evolución del servicio público".
Durante su etapa en el Senado, Guido Echeverri fue un opositor solitario que cuestionó el aparente afán por aprobar el proyecto. Su reclamo se multiplicó en Cámara, con Christian Garcés, del Centro Democrático, quien lo tachó de no ser "pertinente".
Jorge Eliécer Tamayo, de La U, reparó que no hubiese un concepto del Ministerio de Educación ni del Ministerio de Hacienda que argumentara una viabilidad financiera, un aspecto que Julián López no consideró en su ponencia.
"En plena crisis financiera, resulta contradictorio crear más burocracia cuando la oferta educativa existente puede cubrir" los servicios de educación de quienes trabajan en la Procuraduría, escribió en X Garcés, quien votó negativo.
Las contradicciones entre Gregorio Eljach y la ley de la universidad
La Cámara, además, rechazó con al menos setenta votos varios impedimentos de congresistas a quienes el ente de control investiga, como David Racero, del Pacto Histórico; Germán Rozo, liberal, o Karen Manrique, de las Citrep.
El procurador Eljach se refirió este viernes a la iniciativa en medio del evento en el que lanzó su plan de trabajo hacia 2028. "No crea ningún gasto nuevo. Lo que hace es transformar un instituto que existía hace treinta años", dijo.
Aunque señaló que busca implementar "tecnología moderna" para "profesionalizar a los servidores del Ministerio Público", el articulado remarca que la universidad funcionará para "funcionarios y servidores públicos de todas las entidades del Estado".
Según el texto que el mandatario avaló, la universidad se nutrirá de "recursos públicos asignados anualmente del presupuesto general de la Nación" y, desde 2027, con el 2,5% del presupuesto de funcionamiento de la Procuraduría.
El artículo 16 muestra que la institución estará lista desde el próximo año. "La ordenación del gasto estará a cargo del rector", que escogerá un consejo superior universitario que Eljach presidirá y en el que nombrará a dos miembros más.
Cuando el Congreso le aprobó en plenarias al gobierno de Petro su presupuesto general de 546 billones en último debate, varias entidades, como el Dane, experimentaron recortes. En la Procuraduría ocurrió lo contrario.
El precio de la Universidad de la Procuraduría
En primer debate, cuando las comisiones cortaron diez billones de lo que el Gobierno radicó inicialmente, la Procuraduría iba a recibir 1,51 billones. En segundo, coincidiendo con la aprobación de la universidad, la cifra fue de 2,1 billones.
O sea, la Nación se comprometió, con el visto bueno del Congreso, a entregarle a la Procuraduría casi 590 mil millones de pesos más. El Ministerio Público pidió la adición con una respuesta a un cuestionario de la Comisión Primera de la Cámara.
De la adición, la Procuraduría cifró en 20 mil millones lo que tomaría para "generar formación" e "innovación", así como para cumplir con lineamientos del Ministerio de Educación y estructurar los programas de la universidad.
A partir de 2027, se sumarían aproximadamente 32,5 mil millones de pesos más, teniendo en cuenta el presupuesto de funcionamiento de la Procuraduría de este año, que fue, según una resolución de diciembre de 2024, de 1,3 billones.
Se prevé, entonces, que la Universidad de la Procuraduría cueste unos 52,5 mil millones, más de veinte mil millones de lo que costó la universidad de la Fiscalía que, al mando de Eduardo Montealegre, cerró tras apenas un semestre en 2015.
El Congreso aún tiene pendiente discutir otro proyecto que Eljach radicó en agosto: la conmemoración del bicentenario de la Procuraduría. Con él, la Nación se comprometería a entregar 200 mil millones para construir una "Casa del Bicentenario".
