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A través de una carta 38 exmagistrados y destacados juristas concluyeron que el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe por supuesto soborno a testigos, se constituyó en un burdo montaje y una campaña de descrédito cohonestada por la Fiscalía.
Según los reconocidos penalistas y juristas, dicho proceso penal se construyó con base en testigos mendaces y contradictorios.
A menos de 10 días del fallo histórico que definirá el futuro del expresidente Álvaro Uribe este grupo de reconocidos juristas del país analizó con rigor jurídico los elementos de prueba y argumentos expuestos por parte de la Fiscalía tras el desarrollo de las 67 audiencias.
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“De las declaraciones de los numerosos testigos, y del análisis de los documentos, y pericias técnicas y científicas que se presentaron en las múltiples audiencias, se concluye que el llamado Caso del Siglo, fue un burdo montaje y una campaña de descrédito urdida por los adversarios y detractores políticos del ex presidente, y cohonestada por una Fiscalía militante, para mancillar su buen nombre, enlodar su legado histórico, deslegitimar su lucha política, y reducir su ascendencia ante los más amplios sectores de la opinión pública”, indicaron en la misiva este grupo de juristas.
Así mismo, en esta carta señalaron los expertos juristas y exmagistrados: “Del acervo probatorio se deduce que la acusación penal de la Fiscalía por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, no está fundada en ninguna prueba sino construida con base en testigos mendaces, y contradictorios, como lo son Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez, tan solo conocidos por su prontuario criminal”.
De igual forma, sostienen en la carta que se trató de un montaje judicial en el que se desconocieron las garantías básicas del derecho a un juicio justo y al debido proceso, establecidas en la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, con diferentes irregularidades.
Dentro de las inconsistencias destacan que “Uribe fue víctima de una interceptación telefónica ilícita ordenada por “error” de la autoridad judicial en marzo de 2018, y pese a la advertencia del “error” por parte de los operadores judiciales, las escuchas se prolongaron ilegalmente durante más de un mes; se avalaron y se aportaron al proceso grabaciones de las conversaciones entre el ex presidente y sus abogados que gozan de absoluta confidencialidad.
También plantearon que se filtró información procesal con reserva legal, con el propósito de promover ante la opinión pública una percepción de culpabilidad del ex presidente Uribe, afectándose su presunción de inocencia y sus derechos humanos.
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Esta carta fue firmada por los juristas Amir Nayi Abushihab Collazos, José Vicente Ángel, Jorge Luis Baroni, Enrique Berrío Mendoza, Hilda Caballero, Germán Calderón España, Javier Cortázar, María Cristina Cuellar, Luis Gabriel Chávez Orieta Daza, Ángela Echeverri Arcila, José Alfredo Escobar Araújo, Rodrigo Escobar Gil y Mauricio Fajardo.
Otros de los firmantes de esta carta son: Juan José Gaitán Gómez, Bernardo Henao Jaramillo, Germán Alberto Herrera, Ernesto de Francisco Lloreda, Francisco José Lloreda, Carlos Márquez Escobar, Ricardo Moreno Moreno, Juan Navarrete, María Clara Posada Caicedo, Juan Carlos Prías, Alejandro Ramírez, Consuelo Ramírez, María del Pilar Rocha, María Claudia Rojas, Juan Manuel Rogelis, Patricia Salgado, Camila Santamaría, Constanza Silva Klein, Freddy Succar Chediac, Amadeo Tamayo, Blanca Eugenia Uribe, Jaime Andrés Usuga, Juan Álvaro Vallejo Tobón y José Luis Villafañe
