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La magistrada de la JEP Catalina Díaz señaló que esta imputación afecta entre otros a los generales retirados del Ejército Óscar Enrique González Peña, Luis Roberto Pico Hernández, Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo y Juan Carlos Piza Gaviria, comandantes y Jefe de Operaciones de la Brigada IV entre 2004 y 2007.
Se determinó que los oficiales fueron hallados máximos responsables de liderar una política de facto de “conteo de cuerpos” que desató el patrón macrocriminal en el que por lo menos 442 personas fueron asesinadas y desaparecidas de manera forzada para ser presentadas como falsas bajas en combate en del departamento de Antioquia.
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“La evidencia judicial demuestra que, con sus órdenes, lineamientos y directrices y sus mensajes cotidianos a las tropas en sus programas de radio, los generales (r) condicionaron la conducta criminal de sus subalternos y propiciaron la creación de asociaciones criminales dentro de los batallones y unidades militares bajo su mando. Estos grupos adoptaron la práctica sistemática de asesinar civiles indefensos, ajenos al conflicto armado colombiano”, dijo la magistrada Díaz.
De acuerdo con la Jep sumado a los generales también fueron imputados otros 25 oficiales y 10 suboficiales de seis batallones por su liderazgo en la implementación de la política o por su participación determinante en la comisión de los crímenes.
Asimismo, se imputó a dos terceros civiles que hacían parte de una red criminal dedicada a reclutar a las víctimas y entregarlas, a cambio de sumas de dinero, a los militares para que las asesinaran.
Igualmente, se determinó que por primera vez en una imputación por ‘falsos positivos’, los magistrados de la JEP confirmaron la comisión de actos de tortura contra las víctimas directas de estos homicidios o sus familiares.
La magistrada Catalina Díaz reptó que se identificó que esta práctica criminal ocurrió en al menos 22 casos con 41 víctimas, especialmente campesinos del Oriente Antioqueño, que fueron arbitrariamente acusados por los militares de ser guerrilleros, milicianos o colaboradores de las guerrillas, y torturados para que les entregaran información, material de guerra o a otros miembros de la guerrilla que supuestamente escondían.
Dentro de los casos documentados se destaca el asesinato de los campesinos Luis Albeiro Avendaño Muriel, Luis Argiro Agudelo y John Jairo Bernal en la vereda Santa Marta, municipio de Sonsón, el 5 de mayo de 2005.
La JEP evidenció que integrantes de la contraguerrilla Corcel 2 del Grupo de Caballería Mecanizado Juan del Corral (GMJCO) retuvieron a las víctimas en sus casas, las golpearon, patearon, amarraron de manos, frente a sus compañeras e hijos pequeños y luego las trasladaron a lugares cercanos, donde fueron asesinadas por la tropa y presentadas como bajas en combate.
En el expediente se señala que Martha Isabel Guerra Úsuga, esposa de Luis Albeiro les siguió para rogarles que no lo mataran, finalmente fue asesinado: “A mi esposo lo mataron amarrado a un palo, amarrado como un animal”.
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Cuando la señora Martha les imploró que lo liberaran, la tropa le respondió: “Como me dijo un soldado, ‘no se lo podemos entregar porque es que nosotros tenemos que dar resultados’. Para él era un resultado, para mí era todo en la vida porque yo dependía económica y totalmente de él. Mi amigo, mi compañero en las buenas y en las malas. El padre de mis hijos, el amor de mi vida. Y sé que no lo volveré a revivir con todo lo que haga, pero sé que al menos el nombre de él quedará limpio”.
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