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La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) extendió por seis meses más las medidas cautelares de protección sobre los cementerios de cuatro municipios del departamento de Caldas, donde se presume que sigue habiendo cuerpos de personas víctimas de desaparición forzada en medio del conflicto armado.
La decisión de la JEP conlleva a que las autoridades continúen la búsqueda de ese grupo de personas en los cementerios San Agustín y San Diego, del municipio de Samaná; San Maximiliano María Kolbe y Pradera, en el municipio de Victoria; cementerio central, en el municipio de Norcasia, y el Cementerio Central del municipio de La Dorada.
En medio de una audiencia, que lideró la magistrada Reinere Jaramillo, se ordenó a los personeros de esos cuatro municipios presentar un plan de acción encaminado a cumplir con las labores de búsqueda.
Hasta el momento, según datos de la JEP, las autoridades han encontrado 25 cuerpos en esos cuatro municipios del departamento, de los cuales solo cinco han sido analizados en el Instituto Colombiano de Medicina Legal cuyas conclusiones “habrían establecido una coincidencia en la identificación con víctimas de desaparición”
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Las cifras de Medicina Legal dicen que hay 274 cuerpos no identificados en esos municipios de Caldas, mientras que el Grupo Interno de Trabajo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas de la Fiscalía, dice que ha identificado y entregado los cuerpos de siete personas.
Según cifras del Plan Regional de Búsqueda Magdalena Caldense la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBP), hay 1.091 personas desaparecidas en los últimos 49 años.
Esas mismas cifras señala que cada año, entre 1998 y 2005, un promedio de 196 personas fue desaparecidas por causa del conflicto armado.
“En este ciclo se concentra 86,4% de las desapariciones en el departamento, siendo la desaparición forzada, con 1.718 registros, el mayor hecho victimizante”, señala la Unidad
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