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La Jurisdicción Especial para la Paz analizará la posibilidad de decretar medidas cautelares para la protección de la Casa del Florero, el Cantón Norte y el Cementerio del Sur en Bogotá, como mecanismo de salvaguarda de los derechos a la verdad, reparación y no repetición de las víctimas de la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19.
La Sección de Ausencia de Reconocimiento del tribunal de paz avocó conocimiento para realizar este trámite en razón de un escrito presentado por Helena Urán Bidegain, hija de Horacio Urán Rojas, entonces magistrado auxiliar de la sección tercera del Consejo de Estado.
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La JEP ordenó que en un término de treinta (30) días hábiles, la señora Urán Bidegain, complemente su argumentación y allegue los elementos probatorios que la sustenten, de conformidad con lo expuesto en antelación.
De acuerdo con el Informe Final de la Comisión de la Verdad, estos tres sitios fueron utilizados por militares de la época como centros de tortura y desaparición de personas, que estaban en el Palacio de Justicia al momento de la toma y la retoma.
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"El recurso elevado por el familiar de la víctima detalló que, aunque salió con vida del Palacio el 6 de noviembre de 1985, un día después recibió información que estaba herido y 24 horas más tarde apareció como ‘NN’ en el cuarto de guerrilleros instalado por el Instituto de Medicina Legal", Recordó la JEP.
Sobre la Casa del Florero, explicó que ese sitio fue utilizado por las Fuerzas Militares y organismos de inteligencia para interrogar y separar personas consideradas ‘especiales’ o sospechosas de pertenecer y colaborar con el M-19.
