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Aunque el acuerdo de paz está cumpliendo ocho años de haberse firmado en el Teatro Colón en Bogotá y aunque la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) lleva en funcionamiento alrededor de cinco años,aún no se han emitido sanciones contra las personas responsables de haber cometido delitos en el marco del conflicto armado.
En medio de esta situación, el Gobierno confirmó que la JEP emitirá las primeras condenas en el año 2025 y así quedó claro en una reunión que sostuvieron el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo y el presidente de esa jurisdicción, Alejandro Ramelli.
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“Me reuní con el presidente de la JEP y acordamos un trabajo conjunto de Gobierno y JEP para que por un lado esa jurisdicción tome medidas para que el año 2025 sea cuando impongan las primeras condenas, las primeras sanciones”, indicó el ministro Cristo.
“Esas sanciones dentro del sistema de justicia transicional contemplado en el acuerdo, son restricción de la libertad de cinco a ocho años en un espacio geográfico especial y unas penas restaurativas que garanticen reparación integral a las víctimas”, añadió.
Cristo anunció que se conformarán unas mesas técnicas para buscar sitios de reclusión para las personas que enfrentarán las sanciones de la JEP y se buscará una articulación para que los proyectos que está impulsando el Gobierno sobre reparación a las víctimas, sean tenidos en cuenta en las denominadas penas restaurativas.
“Vamos a instalar unas mesas técnicas. El tema de la restricción obviamente lo determina la JEP en cuanto al sitio, a la modalidad, la verificación por parte de la Misión de la ONU, pero el tema de las penas restaurativas vamos a ver cómo articulamos todos los proyectos de desarrollo territorial que está haciendo el Gobierno, a ver cómo se ajustan para que la JEP pueda tener un banco de proyectos para que la JEP asigne esas penas restaurativas que tienen que cumplir para reparar a las víctimas del conflicto”, indicó.
El ministro del Interior afirmó que a la JEP le pusieron muchas trabas para iniciar su funcionamiento, al recordar las objeciones que en su momento presentó el presidente Iván Duque a la ley estatutaria que le daba vida a esa jurisdicción.
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“A la JEP le pusieron toda clase de trabas y tropiezos para que comenzara su función, hasta objeciones a la ley estatutaria y lleva tal vez cinco años en el ejercicio de sus tareas, esos son procesos lentos y ellos han adoptado una metodología que hace difícil avanzar con celeridad”, indicó.
Cabe recordar que en el acuerdo de paz quedó establecido que las sanciones impuestas por la Jurisdicción Especial de Paz no inhabilitan para hacer política.
