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El Ejército Nacional cerró el 2025 con el que califica como un balance operacional robusto en medio de los últimos años: la mayor incautación de armamento en diez años, un incremento en decomisos de drogas y explosivos, y la neutralización de varios integrantes de estructuras ilegales.
La radiografía, elaborada bajo el 'Plan de Campaña Ayacucho Plus', expone cifras récord, aunque deja abiertos ciertos interrogantes sobre el impacto real en la violencia y la seguridad en los territorios. Según la institución, se incautaron más de 3.000 armas.
El boletín oficial resalta la incautación de 916 armas largas, lo que representó un aumento de 41% frente al 2024, además de 2.320 armas cortas, 63 armas de acompañamiento y más de 738,28 mil municiones, un 136% adicional en contraste con el año anterior.
Las tropas "neutralizaron" casi 6.000 minas antipersonal e incautaron 22,19 toneladas de explosivos, 4,7 mil artefactos explosivos y 342 medios de lanzamiento. El Ejército sostiene que los resultados evitaron ataques contra las comunidades, la infraestructura y las unidades militares.
A los datos se suma el debilitamiento de las economías ilícitas: más de 111,59 toneladas de cocaína incautadas —70% más que en 2024—, más de 2.500 laboratorios de procesamiento de coca destruidos y más de 2.000 capturas asociadas al narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y los secuestros.
Decomisos y golpes a las economías ilícitas
En total, el Ejército aseguró haber desintegrado 182 laboratorios de clorhidrato de cocaína y 2.323 de pasta base, además de haber incautado 14,8 toneladas de pasta base y más de 107,28 toneladas de marihuana. En minería ilegal, los escuadrones inutilizaron 504 dragas.
Sin embargo, el balance no incluye una evaluación directa sobre qué tanto las incautaciones se tradujeron en una reducción efectiva de la violencia o el control territorial de los grupos armados. Tampoco compara los resultados con reportes sobre victimización en las regiones más intervenidas.
La entidad castrense afirma que la operación Perseo, en el sur del Cauca, "recuperó el control del corregimiento de El Plateado" y "afectó" a la disidencia Carlos Patiño, y que la operación Escudo del Norte "permitió fortalecer el control territorial" en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca.
Pero la Defensoría del Pueblo documentó, entre enero y noviembre, más de 5,9 mil víctimas de desplazamiento forzoso en el departamento. Es el tercer departamento más impactado por el fenómeno, detrás de Nariño, con 6,08 mil, y Norte de Santander, con 73,9 mil.
El panorama en Norte de Santander es crítico, de cara a la disputa territorial entre el ELN y la disidencia de las Farc Frente 33. La arremetida del Ejército de Liberación ha dejado miles de víctimas desde enero en la fronteriza región del Catatumbo, donde el Ejército adelantó una operación.
Control territorial y reducción de la violencia
La llamada operación Catatumbo se dividió en tres fases. La primera, la humanitaria, "priorizó la protección de la población civil", dijo la institución, que evacuó a más de 3,6 mil personas, atendió a 87,4 mil víctimas de desplazamiento y entregó 352,5 toneladas de ayuda humanitaria.
Con la etapa de ocupación y despliegue ofensivo, el órgano castrense "consolidó la presencia institucional" con más de 10,5 mil soldados, "lo que permitió afectar de manera directa las estructuras criminales con 376 neutralizaciones, entre capturas, desmovilizaciones y menores capturados".
El balance militar no detalla cuánto tiempo se sostuvo el control territorial en Catatumbo tras las operaciones ni si las agrupaciones armadas reconfiguraron su presencia una vez disminuyó el despliegue. Tampoco aborda las denuncias persistentes sobre confinamientos o extorsiones.
La disputa entre grupos ilícitos, subraya por su parte la Defensoría, "ha generado consecuencias desproporcionadas para poblaciones vulnerables, en particular para mujeres, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, líderes y lideresas sociales, firmantes del Acuerdo de Paz y comunidades indígenas".
A lo largo de 2025, el Ejército activó doce Fuerzas de Despliegue Rápido (Fudra) y creó el Batallón de Aeronaves no Tripuladas para enfrentarse al uso criminal de drones, el método que, con explosivos, utilizó el ELN para atacar la base militar de Aguachica y matar a siete soldados el 18 de diciembre.
