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El presidente Gustavo Petro solicitó en las últimas horas que se levante la suspensión de los decretos de emergencia económica que fueron suspendidos por la Corte Constitucional ante la grave emergencia invernal, aunque las posibilidades de que esto ocurra son reducidas.
Según la información conocida por los Secretos de D'Arcy Quinn, se trata de un tema complejo. La Corte Constitucional estudiará la petición del presidente, como corresponde, pero aunque la emergencia y las inundaciones en Córdoba constituyen un hecho sobreviniente, es decir, no previsible, se trata de un hecho nuevo y distinto a los invocados en la emergencia anterior.
Aun así, el alto tribunal analizará la solicitud y cualquier decisión podría darse al interior de la Corte. Se da por descontado que al menos dos magistrados, Carvajal y Fernández, impulsarían el tema. No obstante, el Gobierno ya trabaja en la posibilidad de decretar una nueva emergencia económica, con el objetivo de ahorrar tiempo y evitar expedir nuevamente decretos.
Emergencia económica de Petro: decretada en diciembre, suspendida en enero por la Corte
Cabe recordar que el presidente Gustavo Petro decretó la emergencia económica y social en diciembre de 2025 (mediante el Decreto 1390) tras el hundimiento en el Congreso de una reforma tributaria clave para financiar el presupuesto de 2026. El gobierno argumentó una inminente crisis fiscal que ponía en riesgo la continuidad del Estado y programas sociales, justificando así la medida excepcional para imponer impuestos temporales (como sobretasas a grandes patrimonios, al sector financiero, IVA a licores, juegos de azar, etc.) sin pasar por el Legislativo.
Sin embargo, el 29 de enero de 2026 la Corte Constitucional suspendió provisionalmente el decreto (por 6 votos a favor y 2 en contra), decisión inédita en su historia. La Corte encontró vicios graves tanto formales como materiales:
- Falta de firmas válidas de todos los ministros en ejercicio (requisito constitucional indispensable).
- Insuficiente motivación y justificación: de las causas invocadas, varias no estaban explicadas de forma clara, expresa y suficiente.
- No se cumplían los requisitos estrictos de la Constitución para declarar emergencia económica (hechos imprevisibles, extraordinarios y graves que generen urgencia inaplazable; la crisis fiscal alegada no cumplía con el estándar de imprevisibilidad y urgencia).
La Corte consideró que existía una manifiesta inconstitucionalidad y que permitir su aplicación generaría daños irreversibles (como cobro de impuestos sin control legislativo), por lo que optó por la suspensión cautelar mientras resuelve de fondo el caso.
Ñapa
Ricardo Roa no estaría considerando renunciar. Su continuidad dependería de la junta directiva, lo que en la práctica implica la decisión del presidente, dado que esta instancia está controlada por el primer mandatario, quien hasta el momento lo ha respaldado. Como alternativa, podría optar por tomar una licencia mientras resuelve su situación jurídica.
La Fiscalía General radicó (9 de febrero de 2026) solicitud de audiencia para imputar cargos a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña Petro Presidente 2022, principalmente por violación de topes de financiación electoral (delito con pena de 4 a 8 años de prisión).
Se basa en que la campaña superó los límites legales de gastos en más de 5.300 millones de pesos, según sanción administrativa del Consejo Nacional Electoral (noviembre 2025), que ya multó con 6.000 millones y compulsó copias penales.
Hay una segunda imputación por tráfico de influencias (negocio inmobiliario y contratos en Ecopetrol), pero el foco clave es la financiación irregular de la campaña que llevó a Petro al poder.
La defensa de Roa dice que aún no ha sido notificado formalmente y asistirá a la audiencia. El caso genera fuerte impacto político en plena recta electoral.
