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Los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputaron crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad a diez exintegrantes del Comando Conjunto Central de las Farc por casos de secuestros y otros graves crímenes cometidos en zonas como los departamentos del Tolima, Huila y Quindio.
Según las investigaciones, se estableció que a través de la comisión financiera Manuelita Sáenz se creó un sofisticado sistema de secuestro y extorsión para cumplir con la cuota de dinero que debía ser entregada al secretariado de las Farc.
“Nóminas de extorsión enfocado en sectores de la región: arroz, transporte, café, petrolero, contratación pública y energía, así como tasas a la cerveza y a la gasolina, identificando personas y empresas que debían aportar una tasa, o ser secuestrados como penalidad”, indicó la magistrada Julieta Lemaitre.
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Exmiembros de las antiguas Farc reconocieron en versiones ante los magistrados que el fin del secuestro con fines económicos era financiar el aparato militar para cumplir con el propósito de tomarse la capital del país para tratar de ganar la guerra.
Así mismo, tendrán que responder por cargos de homicidio, atentados a la dignidad personal, tratos crueles e inhumanos y los crímenes de lesa humanidad, de otras privaciones de la libertad, asesinato, desaparición forzada, esclavitud, violencia sexual, tortura y otros actos inhumanos.
Esta se convierte en la segunda imputación por hechos relacionados con los secuestros atribuibles a esa antigua guerrilla, ya que la primera fue formulada contra el último secretariado de las antiguas Farc.
Los imputados por la Sala de Reconocimiento son Luis Eduardo Rayo, conocido como ‘Marlon’; Enoc Capera Trujillo, ‘Giovanni’; Jhon Jairo Oliveros Grisales, ‘Armando Pipas’; Nelson Antonio Jiménez Gantiva, ‘Gonzalo’; Édgar Ramírez Medina, ‘Onofre Camargo’; Víctor Hugo Silva, ‘Erick’ o ‘el Chivo’ y Wilson Ramírez Guzmán, conocido como ‘Teófilo’.
En este grupo de imputados se destaca Raúl Agudelo Medina, alias Olivo Saldaña, procesado por el caso de la falsa desmovilización del Bloque Cacica La Gaitana de las Farc.
Los magistrados advirtieron que los secuestrados cometidos por este comando conjunto de las antiguas Farc estuvieron encaminados a financiar esa guerrilla, para forzar el intercambio por guerrilleros presos y para contribuir a mantener al control territorial.
“Cuando las víctimas no pagaban las cuotas o cuando necesitaban más dinero, recurrían a privarlas de la libertad y también las amenazaban de muerte y con destruir sus propiedades e incluso ponían explosivos en sus lugares de residencia o de trabajo para presionar el pago”, dijo la magistrada Lemaitre.
El Comando Conjunto Central jugó un papel importante en la manera como la extinta guerrilla adoptó la política de financiarse a través de los secuestros.
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Explicó que con esta comisión financiera Manuelita Sáenz, se creó un sofisticado sistema de extorsión por medio de “nóminas” de extorsión enfocadas en sectores de la región: transporte, café, petrolero, contratación y energía, así como tasas a la cerveza y a la gasolina, identificando personas y empresas que debían aportar una tasa o ser secuestrados como penalidad.
De igual forma, se estableció que secuestraron a personas que procedían de Bogotá, Ibagué y Neiva y viajaban con frecuencia a fincas de descanso en Tolima y el norte del Huila.
