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El ministro de Defensa, Iván Velásquez señaló que la región del Catatumbo ha enfrentado un "abandono estatal por décadas", lo que ha ocasionado la situación en la que hoy en día se encuentra esta zona del país.
El funcionario detalló que se contaban con informes de inteligencia sobre los movimientos del ELN en la región, por lo que el Gobierno estaba informado sobre ello todo el tiempo.
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"Todos los informes apuntaban a la afectación de unidades militares y la persecución criminal contra firmantes de paz, líderes sociales y la población en general", dijo.
En ese sentido, explicó a la plenaria de la Cámara de Representantes en el marco de la citación para discutir los pormenores de los decretos de la conmoción interior para la región del Catatumbo que la capacidad operativa de las fuerzas militares, especialmente del Ejército Nacional, disminuyó drásticamente en los últimos 15 años.
Velásquez indicó que el número de hombres del Ejército Nacional pasó de 228.000 en 2010 a 166.571 en 2022, lo que ha “significado importantes retos para la institución, particularmente en cuanto al necesario control territorial".
Asimismo, indicó que fueron destinados recursos por $1.100 millones para aumentar la planta de personal, incrementando el número de soldados profesionales en el marco del plan 16.000 y el plan 20.000 de la Policía Nacional. En el Catatumbo, esta medida se tradujo en la asignación de 25 nuevos pelotones en 2024.
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Por su parte, el almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, destacó que se están "priorizando las operaciones coordinadas y consolidadas del control del territorio, muy de la mano con la Policía Nacional, para que las comunidades puedan retornar a sus sitios de origen".
Cubides enfatizó que la región del Catatumbo, con su geografía quebrada, demanda un gran esfuerzo de capacidades que están siendo utilizadas en otras áreas del país pero que han sido llevadas a la región para enfrentar al ELN.
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Cubides también resaltó el trabajo conjunto con el Ministerio de Defensa, la Defensoría del Pueblo y otras entidades para asegurar un monitoreo constante de las operaciones y evaluar su impacto en las comunidades.
"Estamos priorizando las operaciones coordinadas y consolidadas del control del territorio, muy de la mano con la Policía Nacional, para que las comunidades puedan retornar a sus sitios de origen", reiteró el almirante.
