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Revuelo en el Gobierno causó la decisión de la Corte Constitucional que tumbó el plan de glifosato para erradicar cultivos ilícitos, al revocar la resolución de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) que le había dado el visto bueno al Plan de Manejo Ambiental que presentó la Policía Nacional.
Esa decisión se tomó en una sala de tutelas conformada por tres magistrados: Gloria Ortiz, José Fernando Reyes y Cristina Pardo como ponente.
Se consultó con expertos en materia constitucional sobre lo que viene en el caso, quienes explicaron que el Gobierno podría acudir a un recurso de nulidad contra esa decisión para tratar de reversarla.
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El presidente de la Corporación Excelencia en la Justicia Hernando Herrera, dijo que el recurso se tendría que presentar a los tres días después de la notificación oficial y que la revisión estaría a cargo de los nueve magistrados que conforman la Sala Plena.
“Todas las decisiones emitidas por las salas de decisión que son salas que conocen en primera instancia las tutelas, son susceptibles de revisión mediante un recurso denominado incidente de nulidad que hace que esos casos sean refrendadas o eventualmente revocadas por parte de la sala plena”, explicó Herrera.
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La decisión de la Corte se produjo al estudiar y darle la razón a una tutela que decía que en el proceso de creación del Plan de Manejo Ambiental no se consultó a las comunidades donde se implementaría el uso del glifosato.
El fallo habla de 104 municipios de 14 departamentos entre ellos Meta, Guaviare, Vichada, Caquetá, Putumayo, Cauca, Antioquia, y Bolívar.
Las críticas fueron en contra de las supuestas audiencias públicas de forma virtual que adelantó la Anla en medio de la pandemia por el coronavirus. La tutela señaló que las comunidades no pudieron asistir a esos espacios porque muchos no tenían acceso a internet y por el confinamiento no podían dirigirse a los lugares de forma presencial.
Las comunidades campesinas del Pacífico Nariñense, del Catatumbo (Norte de Santander) y de los municipios de Caloto, Cajibío y Piamonte en el departamento del Cauca ya le habían pedido a la Corte tumbar el Plan de Manejo Ambiental.
También le contaron a la Corte que han sido víctimas de supuestos abusos por parte de la Fuerza Pública en los operativos que adelantan para la erradicación forzada en los que se incluye – en algunos casos- el uso del glifosato.
