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“Me obligaron a someterme a pruebas de polígrafo para demostrar mi lealtad. Lo anterior fue ordenado por Carlos Caicedo y ejecutado por Rafael Martínez”. Esto es lo que dice la congresista de Fuerza Ciudadana, Ingrid Aguirre, en un comunicado conocido por La FM luego de la investigación publicada sobre los casos sistemáticos de presunto acoso sexual de parte del exgobernador de Magdalena y hoy aspirante a la Presidencia.
Aguirre, una mujer del Magdalena elegida por el Partido de Caicedo, decidió renunciar al partido el pasado 29 de octubre pero venía denunciando ataques políticos en su contra de
parte de la actual agente liquidadora de Fuerza Ciudadana, Adriana Trujillo.
La actual representante fue sometida al polígrafo a mitad del año pasado, algo que recuerda el caso de Marelbys Meza, la exempleada de Laura Sarabia. Esta fue investigada en su momento por inteligencia de la Policía en un caso de robo de recursos del apartamento de Sarabia. Nunca se probó ninguna responsabilidad contra Meza.
El polígrafo a una congresista de la República se convierte en un caso más de abuso contra mujeres usando el poder político del grupo del exgobernador Caicedo.
Las denuncias por acoso sexual en Fuerza Ciudadana
La FM reveló la semana pasada cuatro testimonios de mujeres que aseguraron ser víctimas de una presunta estructura sistemática de abuso y acoso sexual dentro de Fuerza Ciudadana. Cuatro mujeres aseguraron en entrevistas realizadas durante meses que el propio Caicedo las acosó sexualmente a cambio de ascensos en la Gobernación. “Me dijo que subiera a la
habitación y así podía escalar rápido en el departamento”. Las denunciantes entregaron chats y documentos que fueron corroborados por esta emisora. Tras la publicación, recibimos más denuncias, testimonios y chats de otros casos de presunto acoso sexual de Caicedo.
El exgobernador lo negó y dijo que los chats son falsos. La Procuraduría General le abrió una indagación previa por la gravedad de las denuncias y la Defensoría del Pueblo le pidió a la Fiscalía avanzar en las investigaciones; desde el ente acusador aún no hay ninguna reacción.
“Tal como lo expresé antes, he sido víctima de humillaciones públicas, señalamientos, presiones reiteradas para renunciar a la curul en el Congreso de la República, aislamiento político y prácticas profundamente degradantes, como haber sido obligada a someterme a pruebas de polígrafo para “demostrar” mi lealtad. Todo lo anterior ordenado por Carlos Eduardo
Caicedo Omar y ejecutado por Rafael Martínez”, dice el comunicado de Aguirre.
El polígrafo a Ingrid Aguirre
Además de la denuncia, esta emisora tiene en su poder las fotografías en las que aparece Aguirre en el polígrafo. Es un documento de la empresa Confía que se dedica a estudios de
seguridad y poligrafía. Allí aparece la congresista en mayo y junio del año pasado. En el cuadro que dice quién contrató el informe se lee: Rafael Martínez.
Este último fue el anterior gobernador de Magdalena, cuya elección fue anulada por el Consejo de Estado por doble militancia.
Martínez anunció una denuncia contra La FM por la investigación sobre acoso sexual.
Aguirre concluye su comunicado señalando que tiene miedo y le pide a la Fiscalía, la Policía y la UNP reforzar su seguridad.
La agente liquidadora de Fuerza Ciudadana, denunciada por Aguirre, respondió a La FM que no ha ejercido violencia política en contra de la congresista:
“Respecto a la acusación hecha por la Señora Ingrid Aguirre, enmarcada en la ley 2453 del 2025 como violencia política contra las mujeres, en mi expresión más natural y sincera en
ningún momento limite ni anule sus derechos políticos como mujer. Por el contrario de mujer a mujer le expresé mi sentimiento más profundo”, dijo Adriana Trujillo.
La representante, por el contrario, agregó en su denuncia lo siguiente: “Hoy alzo la voz porque esa violencia continúa y se reproduce. Hablar no es un acto de rabia, es un acto de dignidad y es también una advertencia: la violencia política contra las mujeres no puede seguir siendo el precio de participar en política”.
La FM continuará revelando las denuncias de presunto acoso y abuso sexual.
