“Hay personas que se han suicidado esperando”: la crisis de familias que aún sueñan con sus casas tras el derrumbe de Rosas, Cauca, en 2023

En enero de 2023, el país vio las imágenes de un derrumbe en la carretera que va de Pasto a Popayán en Cauca. Más de 60 viviendas quedaron sepultadas y 33 personas murieron. Pese a promesas reiteradas de muchos funcionarios, tres años después 100 familias aseguran que el Gobierno ha incumplido y no tienen dónde vivir.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro priorizó la respuesta
El Gobierno del presidente Gustavo Petro priorizó la respuesta, tras la tragedia en Rosas, Cauca.

A finales de enero de 2023, en la prensa colombiana había una sola noticia. El derrumbe de Rosas, Cauca, le quitó la tranquilidad a más de 160 familias que tuvieron que ver cómo las casas que construyeron durante años quedaban tapadas por la tierra en un movimiento de la montaña impredecible. La vía panamericana quedó cerrada, 33 personas perdieron la vida y los videos que grabaron las personas mientras corrían para salvarse de la muerte le contaban al país lo que había pasado.

El Gobierno del presidente Gustavo Petro priorizó la respuesta. Una fuente de La FM dijo entonces que lo habían llamado de urgencia porque el ministro del Interior iba en helicóptero a la zona para empezar el proceso de reubicación. Se trataba de Luis Fernando Velasco, quien hoy se encuentra en la cárcel por el escándalo de la Unidad de Gestión del Riesgo, mientras en el Congreso se adelantaba la reforma pensional. A la reunión con las familias también asistió Olmedo López.

En efecto, el Gobierno se comprometió inmediatamente con la compra de varias fincas para reubicar a los sobrevivientes. La promesa era que les entregarían títulos en el corto plazo para que pudieran empezar proyectos productivos y vivir dignamente tras la tragedia. Mientras tanto, la UNGRD apoyaría con el pago de arriendos de viviendas en sectores cercanos a quienes se habían quedado sin nada. Tres años después, no han llegado los títulos de la tierra ni los proyectos productivos y a los dueños de varias fincas que entregaron rápidamente sus propiedades por la presión inicial de los poderosos funcionarios de Bogotá, les deben el 50 % de lo pactado.

Mauricio Salazar es el propietario de una de las fincas llamada Los Naranjos. Su terreno tenía un proyecto listo para la producción de aguacate hass. Dijo a La FM que el Gobierno aún le debe la mitad de la propiedad en donde hoy están ubicadas varias familias que no tienen de qué vivir porque los aguacates se perdieron.

Los dueños de las fincas en Rosas a los que les deben

“En marzo de 2023 fui contactado por la UNGRD con un proyecto productivo de aguacate para ser entregado a los damnificados del desastre de Rosas. Confié en el Estado, acepté y entregué de manera anticipada mi finca. En agosto de 2023 recibí el primer desembolso. Desde entonces no he recibido el pago restante, pese a que cumplí con todas las obligaciones. Levanté la hipoteca, entregué la documentación y solicité la escrituración en noviembre de 2023 (...) hubo un cambio de administración y la nueva dirección desconoció lo que ya se había firmado. Hoy recibo una notificación del abogado de la UNGRD para que yo asuma los gastos de registro como vendedor, cuando la ley establece que estos gastos debe asumirlos el comprador. Hoy, de 3.000 árboles adultos en producción, 800 los tumbaron y los 2.200 restantes tienen todas las plagas que puede tener ese cultivo”, dijo.

La tragedia de las familias damnificadas

La tragedia doble ha sido para las familias que lo perdieron todo; les prometieron todo, y hoy no tienen nada. A esas personas las representa una mujer que ha liderado los procesos de resistencia de su comunidad. Su nombre es Paola Pérez Gómez. Ejerce como presidenta de la Vereda de la Soledad, en Rosas. Habló con La FM y dice que hay algunas personas que se han suicidado en la espera de las promesas del Gobierno porque no tienen dónde vivir.

“Hace exactamente tres años ocurrió esta tragedia. El movimiento de masa sucedió en Soledad, Chontaduro y dos veredas más. La Unidad nos tiene en espera hace tres años, cambian de personal, vienen funcionarios nuevos que dicen que no tienen conocimiento de lo sucedido, que esperemos. En estos tres años ya murieron personas que nunca conocieron la tierra prometida, como dicen. Tengo personas discapacitadas. Soy la presidenta de 103 familias y la comunidad está desesperada porque Los Naranjos, La Española, Leyton, son fincas que entregaron hace tres años, pero no las han pagado”.

Agregó que las personas que viven allí no han podido realizar sus proyectos productivos porque, al no ser sus tierras, no pueden empezar con actividades propias. “Los funcionarios de la Unidad les han dicho que pueden perder lo que han invertido allá. Han pasado dos años y hemos pagado dos prediales; como campesinos hemos tenido que rebuscar de nuestros bolsillos para pagar esos prediales; pagamos agua, energía. No estamos beneficiándonos de eso, pero lo pagamos estando en esas fincas. Hay familias que no tienen cómo sobrevivir acá porque los subsidios para arriendos los pagan cada seis meses o cinco meses. Esas personas acudieron a irse a esas fincas, pero no las han entregado”.

El problema más grave es el de los suicidios y los adultos mayores que han muerto esperando las tierras. “De mi vereda tengo cuatro casos de personas fallecidas. Unas por muerte natural y otras se suicidaron del desespero. Esto es muy duro; yo, como presidenta, no sé qué más hacer para ayudar a mi comunidad. Cada día se presentan más cosas y no se sabe qué más hacer con la UNGRD”.

Paola añade que el presidente Gustavo Petro se reunió con las familias el año pasado en Popayán. “Dijo que la plata se la habían robado, no nos contestó nada más”. Tres años después de la tragedia de Rosas y el afán inicial de Luis Fernando Velasco y Olmedo López, las familias de Rosas no tienen respuesta. No saben qué hacer, a dónde ir o a quién más buscar en un Gobierno que ha tenido avances importantes en la entrega de tierras, pero que no ha logrado formalizar las fincas del Cauca para los damnificados del derrumbe.

Pérez termina con una súplica que ni siquiera es para ella, sino para la comunidad que representa. “Nosotros somos campesinos, no mendigamos nada. Nos tienen en el total olvido”.

La FM buscó al director de la UNGRD, Carlos Carrillo, para preguntarle por las quejas de estas personas. El funcionario envió una respuesta con el estatus técnico de lo que ha pasado en Rosas y dijo que están trabajando en las soluciones:

El proceso de Reasentamiento de Rosas Cauca, es el primer reasentamiento con vocación agrícola que se hace por parte de la Unidad en el país, tiene como objetivo perpetuar la cultura campesina a los damnificados que viven es zonas rurales, este proceso inicia con la compra de predios, que luego serán parcelados y adjudicados como unidades de desarrollo agrícola, y en las cuales se construirá una vivienda.

De las gestiones realizadas en el marco del proceso integral de reasentamiento y adquisición predial se cuenta con los siguientes resultados:

1.Se ha articulado trabajo con 266 familias que se han venido caracterizando con el propósito de lograr una individualización y la atención integral según las particularidades y necesidades de los grupos familiares.

2.Se acompaña a las familias en el proceso de identificación y postulación de predios rurales para la compra que hace la Unidad.

3.Se adelantan reuniones periódicas virtuales o acciones en territorio, con entidades y la comunidad que permiten presentar los informes de avance en el tema de la adquisición predial y de estructuración del Plan de reasentamientos.

4.Alrededor de 80 familias ya están explotando agrícolamente los predios.

5.Durante esta vigencia, a través del Procedimiento de Gestión Predial, se ha consolidado uno de los avances más significativos en el proceso de reubicación de los damnificados de Rosas, Cauca. Gracias a un trabajo coordinado, técnico y riguroso; que incluyó la depuración jurídica, la verificación predial y el acompañamiento a los vendedores hoy podemos afirmar que el proceso de adquisición predial alcanzó un avance importante; con la estructuración y ejecución de 8 unidades de negocio que agrupan 18 predios, equivalentes a 436 Hectáreas y 8.113 metros cuadrados, todos orientados a garantizar la reubicación definitiva de las familias afectadas. Esta labor ha implicado una intensa articulación con las alcaldías de los municipios de El Tambo, Sotará y Timbío, donde se ubican los predios.

6.En este momento, los 8 procesos contractuales se encuentran en fase de otorgamiento de escrituras públicas, lo que representa el tramo final para consolidar los traslados de dominio y habilitar el inicio de la fase de reasentamiento definitivo. En paralelo, se realizan los esfuerzos técnicos para adelantar la materialización de las parcelaciones, con el fin de poder hacer su formalización a las familias beneficiarias. Una vez culminadas estas actuaciones técnicas y jurídicas, la UNGRD estará en capacidad de ejecutar la entrega material y avanzar con la reubicación de las familias damnificadas en condiciones dignas, seguras y sostenibles. Este avance constituye un logro concreto de la gestión de la UNGRD y demuestra el compromiso con la recuperación integral del territorio y la protección de las comunidades afectadas.



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