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Por el grave caso del incendio ocurrido en la cárcel de Tuluá, Valle del Cauca en junio de 2022, la Procuraduría formuló pliego de cargos contra el exdirector (e) del centro penitenciario, Arley Fernández Torres y otros tres guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), por presuntas irregularidades en el manejo de los disturbios que desencadenaron en la tragedia que dejó 56 presos muertos.
“Luego de una exhaustiva investigación que incluyó recolección de pruebas en el lugar de los hechos, pruebas documentales y testimonios de PPL y guardianes, el Ministerio Público pudo establecer que el director del penal y los guardianes encargados de la seguridad de ese sector de la cárcel, no habrían tomado las medidas necesarias para evitar que los reclusos tuvieran en su poder armas contundentes, cortopunzantes, encendedores y otros elementos prohibidos que ayudaron a que la situación se saliera de control”, explicó el ente de control.
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Según las investigaciones, el enfrentamiento entre los internos se dio por una disputa de poder por el control de las drogas al interior de la cárcel, razón por la que se cree que faltaron controles más rigurosos del INPEC.
También menciona la misiva que, “los componentes altamente inflamables de los gases lacrimógenos utilizados para dispersar el motín”, habrían ayudado a que el fuego iniciado por los presos se expandiera rápidamente por todo el pabellón.
“Las pruebas de campo realizadas nos permitieron evidenciar que el efecto propelente (aerosol) que tienen los componentes de la granada lacrimógena utilizada el día de los hechos para expulsar el agente químico o gas CS, sirvió como multiplicador del fuego producido por las colchonetas que previamente habían sido encendidas presuntamente por el personal privado de la libertad”, aseguró la Procuraduría.
Adicionalmente, se hace mención sobre las órdenes de evacuar a los reclusos que estaban en el patio en donde se presentó el incendio, “pues dichas instrucciones se habrían dado cuando ya era tarde y el fuego había tomado dimensiones imposibles de controlar”.
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En el documento también se menciona que el oficial al mando de la guardia que ordenó disparar los gases lacrimógenos, “nunca hizo presencia en pabellón afectado y manejó la situación desde un lugar diferente de la cárcel”, reseña el texto.
“Los cargos endilgados provisionalmente al exdirector y los guardianes tienen que ver con la posible omisión de sus funciones por no haber adoptado y ejecutado las medidas necesarias para la correcta custodia y vigilancia de las personas al interior del establecimiento, velando por su integridad, seguridad y respeto de sus derechos”, puntualiza el comunicado.
