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La Fiscalía General radicó el escrito de acusación en contra del exdirector seccional del Consejo Superior de la Judicatura, Carlos Alberto Masmela González en el marco del proceso que se adelanta por las irregularidades que se presentaron en el uso de parqueaderos que servían como bodegas judiciales.
Masmela, quien fue capturado en marzo pasado, tendrá que responder en juicio por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, prevaricato por acción, prevaricato por omisión, falsedad en documento público, concusión y asesoramiento ilegal.
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El ente investigador indica que el ahora exdirector seccional del Consejo Superior de la Judicatura hacía parte de una compleja red que embargaba y vendía los bienes embargados por los jueces de la República, principalmente automóviles, los cuales eran trasladados a los seis parqueaderos que existen en Bogotá para estos fines.
En el documento se manifiesta que se ordenaba el embargo irregular de vehículos con ordenes judiciales. Cuando se realizaba todo el procedimiento, los dueños eran obligados a pagar una millonaria suma de dinero con el fin de regresarles los autos.
En otros casos –señala la Fiscalía General- los carros eran embargados por la policía, pero no se realizaba ningún registro del mismo. Cuando los propietarios iban a reclamarlos los vehículos no aparecían en ninguno de los parqueaderos.
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El origen de la investigación fue una denuncia presentada por un joven cuyo automóvil le fue incautado en un operativo que él consideró completamente ilegal y atípico. Al acercarse al parqueadero se le indicó que debía pagar una suma de dinero para poder retirarlo.
Igualmente, existe la denuncia de un señor cuya camioneta le fue embargada. Sin embargo, después de un extenso trámite para recuperarlo pudo comprobar que su vehículo que estaba prácticamente nuevo estaba siendo vendido por un valor mucho menor al que aparecía en revistas especializadas.
Los investigadores cuentan con una serie de interceptaciones telefónicas en las cuales una funcionaria judicial revela y explica la forma en cómo funcionaba esa red, haciendo referencia a las tarifas que existían para recuperar los vehículos y las personas que estaban detrás de esa mafia.
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En 2004, la Rama Judicial expidió el Acuerdo 2586 por medio del cual se le delegó a las Direcciones Ejecutivas de Administración Judicial la facultad de organizar anualmente una convocatoria púbica para que los propietarios de los parqueaderos se postularan para custodiar vehículos inmovilizados por orden judicial.
Sin embargo, entre los años 2014 y 2018 se habrían presentado graves irregularidades en el cumplimiento de este acuerdo puesto que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá-Cundinamarca habría emitido resoluciones que contrariaban la norma, favoreciendo sociedades que no acreditaban los requisitos exigidos.
Por estos hechos de corrupción fueron llamados a juicio Fredy Antonio Tequia Correa, quien trabajaba en la Coordinación Jurídica de Dirección Ejecutiva Seccional; Pedro Julio Gómez Rodríguez, director de la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial; y Salomón Motta Polanía, funcionario de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
