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La Fiscalía General de la Nación, ordenó la imposición de medidas jurídicas o cautelares sobre 35 bienes muebles e inmuebles presuntamente vinculados a una red criminal dedicada al lavado de activos, a través de operaciones de comercio exterior.
Los bienes, cuyo valor se estima en aproximadamente 7.000 millones de pesos, están ubicados en Medellín, Bello, El Retiro y San Jerónimo (Antioquia); Cartagena y Arjona (Bolívar); y Aguadas (Caldas).
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La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía, la medida busca afectar la estructura financiera de la organización delincuencial, e impedir que los activos sean transferidos, comercializados o utilizados nuevamente en actividades ilícitas.
De acuerdo con las investigaciones adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), las compañías implicadas habrían importado equipos de cómputo y procesamiento de datos desde Estados Unidos y China, empleando esquemas contables y financieros soportados en sociedades aparentemente legales.
Durante el proceso se identificaron inconsistencias tributarias, incrementos patrimoniales no justificados y relaciones familiares entre los representantes legales de las empresas, lo que generó alertas sobre el posible origen ilícito de los recursos.
Según los hallazgos, desde 2016 esta red habría consolidado una infraestructura económica y societaria orientada a la defraudación tributaria y el lavado de activos.
El análisis patrimonial, económico y financiero realizado por la Fiscalía evidenció que ni las empresas ni sus representantes legales contaban con la capacidad económica, financiera ni operativa para justificar el origen legal del dinero que movían.
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Estas medidas fueron adoptadas tras la judicialización de seis presuntos integrantes de la organización, quienes fueron imputados por delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito de particulares. Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad mientras avanza el proceso judicial.
