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El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, envió una fuerte carta al presidente Iván Duque en la que hace duros reparos al proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que ya fue aprobado en el Congreso, pero está pendiente de sanción presidencial.
Las críticas del fiscal Martínez se centraron en cuatro puntos considerados como ejes centrales de las discusiones libradas en los debates en el Congreso.
“La Ley Estatutaria de la JEP es la columna vertebral del sistema de justicia transicional hacia la paz. Es nuestro deber contribuir a su adecuado diseño y a su correcta interacción con la jurisdicción ordinaria para cumplir con los fines de la justicia y con los derechos de las víctimas”, indicó Martínez.
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Uno de los primeros puntos que cuestiona el fiscal hace referencia a que los reinsertados que sigan cometiendo delitos graves, como secuestro y narcotráfico, podrían seguir gozando de los beneficios de la jurisdicción especial.
“La ley estatutaria permite que reinsertados que hayan iniciado actividades de narcotráfico antes del 1 diciembre 2016 y las continúen después de esta fecha mantengan los beneficios de la JEP. No es posible que beneficios convivan con el delito”, dijo el fiscal.
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Asimismo, este marco jurídico permitiría que no sean excluidos de la JEP los reinsertados que después de la firma del Acuerdo de Paz cometan nuevos delitos como secuestro, narcotráfico, extorsión, delitos sexuales y homicidio.
El fiscal también cuestionó que esta ley paralizaría todas las investigaciones contra agentes del conflicto que adelanta la jurisdicción ordinaria hasta que la JEP asuma pleno conocimiento, creando condiciones para que intervenga Corte Penal Internacional.
En cuarto lugar, la forma en que está planteada la ley permitiría eximir de toda responsabilidad penal a quienes hayan cometido crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos y no sean considerados máximos responsables.
Martínez agregó que esta última preocupación fue expresada en su momento por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
Según el fiscal, estos cuatro puntos, como están planteados, desconocen algunas premisas del Acuerdo de Paz, lo que resultaría inconveniente frente a la política criminal del Estado y al cumplimiento de los deberes internacionales de Colombia en cuanto a Derecho Internacional Humanitario y la lucha contra la impunidad.
