La FM en Google News
Los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputaron crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 miembros del Ejército Nacional, un exfuncionario del DAS y dos terceros civiles, por el crimen de 303 personas que fueron presentadas como guerrilleros o delincuentes dados de bajas en combate en Casanare.
De acuerdo con la JEP, entre los miembros imputados de la Brigada XVI están el mayor general (r) Henry William Torres Escalante, dos coroneles, tres tenientes, al igual que otros diez oficiales y seis suboficiales.
Otros de los llamados a responder por este caso son el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, el teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán y el teniente coronel (r) Henry Hernán Acosta Pardo.
Lea también: Decisión de la Corte sobre serie ‘Matarife' es un triunfo para Uribe: Abelardo de la Espriella
“Por primera vez la JEP revela cómo alrededor de 367 personas entre militares, miembros del DAS y terceros civiles, habrían conformado la organización criminal y participado en la planeación, ejecución y encubrimiento de los crímenes”, manifestó el magistrado Óscar Parra.
Igualmente, sostuvo que “los miembros del extinto DAS participaron en la producción de información de inteligencia para darle apariencia de legalidad a las actuaciones y en la ejecución de los hechos. En varios casos incluso asesinaron a las víctimas”.
De acuerdo con las investigaciones, entre las víctimas se encuentran mujeres, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas en condiciones de discapacidad cognitiva, quienes sufrieron daños graves, diferenciados y desproporcionados por las acciones de esta unidad militar.
“En su mayoría las víctimas fueron hombres entre los 18 y 25 años. Sin embargo, en el subcaso Casanare la JEP acopió información sobre el asesinato de nueve mujeres, una de ellas en estado de embarazo, dos que se desempeñaban como trabajadoras sexuales y un joven con orientación sexual diversa. Es por ello que por primera vez la JEP imputa el crimen de lesa humanidad de persecución por razones de género”, indicó el magistrado Parra.
Ese tribunal estableció que los pobladores fueron estigmatizados y algunas familias padecieron con intensidad este fenómeno criminal de los denominados 'falsos positivos' entre los años 2005 y 2008.
“Las víctimas eran equipadas con armas, munición y prendas para hacerlas pasar como combatientes. Los miembros de la Brigada XVI denominaban a estos implementos el 'kit de legalización'”, indicó él magistrado Óscar Parra.
También se logró establecer que más de 140 millones de pesos provenientes de los recursos de los contribuyentes, sirvieron para financiar el accionar criminal de esta organización que se conformó en la Brigada del Casanare.
De igual forma, la JEP imputó por primera vez el crimen de guerra de utilización de niños, niñas y adolescentes por involucrar menores de 18 años como reclutadores o personas encargadas de participar en el engaño que condujo a la muerte a algunas de las víctimas.
En contexto: Caso Odebrecht: Fiscalía aclara que no ha aplicado principio de oportunidad
“Los efectivos de la Brigada XVI recibieron permisos, comidas especiales, planes vacacionales, cursos de formación en el exterior o el traslado al Batallón Colombia N°3 en el Sinaí y reconocimientos para contar con las condiciones necesarias para el ascenso”, concluyó la JEP.
