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La Fiscalía General le imputó cargos al exdirector del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec), general (r) Gustavo Adolfo Ricaurte por las presuntas irregularidades que rodearon la firma de un convenio educativo para que un grupo de exparamilitares que se encontraban en la cárcel La Picota estudiaran Derecho.
El ente investigador sostiene que el convenio firmado con la Corporación Universitaria ‘Ideas’ no contaba con el aval del Ministerio de Educación. En la audiencia celebrada este miércoles, el ente investigador indicó que el general Ricaurte sabía esto y aun así firmó el convenio.
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En la presentación de cargos se señaló que existía suficiente información sobre las decisiones que había tomado el Ministerio de Educación frente a este curso. “Fueron negados los permisos”, indicó el fiscal al señalar que ya en repetidas oportunidades se prohibió dictar este curso dentro de la cárcel La Picota.
Debido a esto se le imputó el delito de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales. “El convenio no contó con la autorización del Ministerio de Educación, usted general Ricaurte lo sabía (…) A pesar de dicha recomendación y prohibición fueron graduados un grupo único de paramilitares, entre ellos ‘Diego Vecino’ y ‘El Águila”.
El delegado del ente investigador sostuvo que por medio de dos resoluciones se prohibió dictar este curso en La Picota, pese a esto las clases se dieron y se avaló el grado de los paramilitares, por lo que se reclamó esta omisión y falta de revisión de la normativa.
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Igualmente se señaló que el contrato con dicha fundación se habría realizado de manera directa, es decir, sin licitación pública, lo que representa una violación a los principios de contratación pública.
El 21 de abril de 2016, tres exparamilitares recibieron el título de abogados. La ceremonia de graduación también se adelantó dentro de la cárcel y contó con la presencia del general Ricaurte.
