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La Fiscalía General de la Nación realizó las primeras capturas relacionadas con la investigación que se sigue por supuestos hechos de corrupción en la millonaria contratación lograda con la firma norteamericana Vertol Systems Company en torno a las fallas y retrasos en el contrato de mantenimiento de los helicópteros Mi-17 del Ejército Nacional.
Estás capturas se suman a otra serie de diligencias judiciales de allanamiento y registro ordenadas por una Fiscalía adscrita a la Dirección Nacional contra la Corrupción tras haber asumido el proceso hace mes y medio, tras la alerta que realizó el 6 de octubre pasado la propia Contraloría General sobre un posible detrimento patrimonial.
Según los primeros reportes se tiene un registro de dos primeros capturados, de al menos cinco órdenes de detención, que fueron solicitadas ante jueces de control de garantías.
Uno de los capturados es el coronel Julián Rincón comandante de la Brigada de Aviación del Ejército en Tolemaida, quien tenía a su cargo la supervisión, manejo y mantenimiento de la flota de aviación en el Hangar de esa base militar.
El cumplimiento de esta orden judicial se llevó a cabo en el Fuerte Militar de Tolemaida, Cundinamarca, en el marco del proceso adelantado en contra del oficial por la presunta comisión de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos y falsedad ideológica en documento público, conductas derivadas de la ejecución del contrato No. 012 del 2024 del Ministerio de Defensa Nacional.
La alerta de la Contraloría General estaba dirigida a que el contrato, cuyo anticipo inicial fue de 16,2 millones de dólares, equivalente al 50 % del valor total, tenía como objetivo garantizar la operatividad de la flota de helicópteros Mi-17, fundamentales para ejecutar misiones de transporte de tropas, atención humanitaria y evacuaciones médicas en zonas de difícil acceso.
De acuerdo con este organismo de control dicho contrato presentaba un riesgo significativo de incumplimiento, dado que registraba en su momento un avance físico del 8%, mientras que ya se había desembolsado un pago anticipado correspondiente al 50% del valor total del contrato que ascendía a los 32.4 millones de dólares.
Con base en las denuncias esta situación evidenciaba una desproporción critica entre los recursos entregados y el nivel de ejecución alcanzado, lo que ponía en riesgo la adecuada culminación del objeto del millonario contrato.
