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Cuatro magistradas y dos magistrados lograron pausar los efectos de la emergencia económica que el gobierno de Gustavo Petro decretó en diciembre del año pasado. Otros dos togados salvaron su voto, es decir, se opusieron, y no es lo único que tienen en común.
La suspensión provisional es una decisión clave, al menos por dos motivos. El primero, porque la Corte debe definir si hay efectos retroactivos, o sea, si el Ejecutivo debe devolver el dinero recaudado. La segunda, porque el alto tribunal rompe su propia jurisprudencia de hace veinte años.
El magistrado Héctor Carvajal, otrora abogado personal del presidente Petro, y su colega Vladimir Fernández, exsecretario jurídico de Palacio, se apartaron de la determinación. Juan Carlos Cortés lo aclaró, igual que la togada Natalia Ángel.
Cuando el jefe de estado presentó en abril de 2025 una terna de uno para que el Senado escogiera al reemplazo de Cristina Pardo en la Corte Constitucional, le ofreció a un amigo personal una compensación por varios años de lealtad y servicio.
La jugada salió bien en mayo. El Congreso votó masivamente por el abogado Héctor Carvajal Londoño, un jurista loado por políticos de toda clase, desde el propio Petro hasta Alexander Vega, exregistrador y ahora codirector del Partido de La U.
El "elefante en la habitación"
Por el contrario, no caló en la Corte en noviembre. La Sala Plena apartó a Carvajal de la discusión de la reforma pensional, resolviendo en su contra una recusación que expuso que antes de llegar al tribunal más poderoso del país fue un acérrimo defensor de la norma.
La terna del presidente Gustavo Petro con Héctor Carvajal, Karena Caselles Hernández y Didima Rico Chavarro llegó al Senado el 15 de abril. La corporación le respondió al mandatario y al jurista de 64 años el 20 de mayo, con 66 votos a favor.
Carvajal se posesionó ante su otrora cliente, en la Casa de Nariño, el 2 de julio. El 17 de junio la Sala Plena de la Corte Constitucional rechazó una recusación en su contra en el debate de la pensional, justamente porque aún no era magistrado.
Una vez contó con su toga, otras recusaciones comenzaron a andar. Una de ellas, del concejal Daniel Briceño. La Corte la desestimó de tajo porque el cabildante, del Centro Democrático, nunca participó en la demanda que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez ha analizado.
Otra, de la senadora Paloma Valencia, del mismo partido opositor. Ibáñez le ordenó a Colpensiones entregar toda su información sobre Carvajal. La administradora estatal cumplió, mas Ibáñez en principio no estuvo conforme.
Choques internos por afinidad política
Según Carvajal, Ibáñez creó "un procedimiento no establecido en la ley" y desconoció el principio de buena fe. La confrontación en la Sala Plena terminó con un empate a cuatro votos de la ponencia de Ibáñez que pide tumbar la reforma pensional.
Ahora el conjuez Carlos Márquez definirá el rumbo de la norma, interrumpida y a la espera de una decisión de fondo. Y el magistrado Ibáñez, presidente saliente del alto tribunal —a la espera de la sesión en la que la Sala Plena escogerá a Paola Meneses como su sucesora— está recusado.
Ibáñez defiende que la pensional debe caerse porque la Cámara de Representantes adoptó exactamente el mismo articulado que el Senado aprobó, sin debatir lo suficiente. Pese a los salvavidas que el togado y la Corte lanzaron para el Legislativo, la Cámara no corrigió su vicio de trámite.
La suspensión provisional de la emergencia económica llegó un día después de que la Sala Plena aprobara un impedimento del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, que pidió apartarse de los dos expedientes del estado de excepción: el del magistrado Carlos Camargo y el de Juan Carlos Cortés.
Cortés, por cierto, aclaró su voto en la suspensión. Es decir, aunque estuvo de acuerdo con la histórica postura, tuvo sus reservas. El magistrado es parte de la llamada ala liberal de la Corte, igual que la magistrada Natalia Ángel —célebre en la academia—, en contraste con Camargo, más conservador, como Ibáñez.
¿Qué papel juega Vladimir Fernández?
El plenario permaneció dividido teniendo en cuenta los dos frentes cuyos despachos analizan la emergencia. Cortés tiene en sus manos el análisis del Decreto 1474 de 2025, que establece nuevas tarifas con base en el Decreto 1390, el que declaró la emergencia y que yace en el escritorio de Camargo.
Vladimir Fernández Andrade fue elegido siete meses antes. Alejandro Linares, expresidente de la Constitucional, estaba próximo a culminar su periodo de ocho años, y Fernández trabajaba en el Palacio de Nariño. El Senado lo escogió con 88 respaldos.
En la Corte ha sido camaleónico. Aunque ha mostrado independencia en decisiones con más trasfondo jurídico, en lo casi netamente político adquiere protagonismo a favor de la administración petrista. Por ejemplo, en enero de 2025 se opuso a un desacato contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
La Corte le dio a Jaramillo dos días para pagar el valor de los presupuestos máximos en salud de 2022 y crear una metodología para ajustar cuánto debe consignarse en el futuro. Para Fernández, “un corto plazo para la ejecución del requerimiento judicial no garantiza la ejecución de la orden”.
Ahora, cuando el magistrado Camargo consideró que el Ejecutivo estaba usurpando funciones del Legislativo y que no se advertía de entrada un motivo suficiente para una emergencia, sino un desbalance en el sistema de pesos y contrapesos, Fernández estuvo en desacuerdo.
