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El feminicidio de Erika Aponte sigue bajo la lupa de la Procuraduría por una presunta omisión a las medidas de seguridad que solicitaba la joven al ser violentada por su pareja, Christian Rincón, quien la asesinó el pasado 14 de mayo en el centro comercial Unicentro de Bogotá.
Según indica la entidad, la víctima del feminicidio había alertado a las autoridades por el riesgo que representaba su expareja y al parecer, esto no se habría tenido muy en cuenta.
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“La Procuraduría General de la Nación indaga a funcionarios por determinar del Distrito de Bogotá D. C., por la presunta omisión a las medidas de seguridad y protección solicitadas por Érika Aponte, ante las amenazas que sufría por parte de su pareja en reiteradas ocasiones”, señaló el Ministerio Público en un comunicado.
El pasado 11 de mayo, es decir, tres días antes de que la expareja de la mujer llegara al local donde ella trabajaba y le propinara varios disparos dejándola sin vida, Aponte fue a la casa de justicia de Usme en busca de un apoyo y protección, donde determinaron que Rincón Díaz debía cesar los actos de violencia e intimidación contra Érika y su hijo, además de prohibirle el acercamiento a la residencia y al lugar de trabajo de ella.
Aunque la Policía de Soacha se puso en contacto con la mujer el 13 de mayo para hacer efectivas las medidas de protección, Christian la asesinó al siguiente día.
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Es por esto que, la Procuraduría trabajará en función de determinar si los funcionarios de la casa de justicia omitieron la alerta de la joven o cometieron alguna irregularidad.
“Se verifica si los servidores públicos atendieron el llamado de Aponte adecuadamente y si activaron las medidas apropiadas para el cuidado de la solicitante”, señalaron.
