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Para la jueza primera penal de control de garantías de Santa Marta, el empresario Enrique Rafael Vives Caballero tenía plena capacidad de las consecuencias de lo que representaba manejar su vehículo bajo los efectos del alcohol.
Debido a su preparación académica y antecedentes -reseñó la funcionaria judicial- el otrora excandidato al Concejo de la ciudad sabía que sus sentidos estaban alterados y podía protagonizar un accidente de tránsito como efectivamente ocurrió en la madrugada del 13 de septiembre cuando arrolló con su camioneta a un grupo de siete jóvenes que caminaban por la vía en el sector de Gaira, en el sur de Santa Marta.
“Es una persona que tiene grado de educación, por eso nos lleva a concluir que tenía la capacidad de comprender que si consumía bebidas alcohólicas podría ocasionar una lesión, muerte o accidente como aconteció, está conducta desarrollada por el señor Enrique Vives Caballero será dolosa”, indicó la jueza de control de garantías al avalar la medida de aseguramiento presentada por la Fiscalía contra el empresario.
En este sentido señaló que Vives Caballero ya tenía dos comparendos por manejar de manera irresponsable por lo tanto debía haber tenido una prevención extra cuando tomó alcohol en una fiesta y decidió manejar su camioneta.
La jueza llamó la atención sobre la gravedad de la situación al indicar que con su actitud irresponsable le arrebató la vida a seis jóvenes. Reveló que Vives Caballero -según la evidencia técnica- manejaba a alta velocidad en una zona con visibilidad reducida y donde el límite máximo era de 30 kilómetros por hora.
“Es un hecho que muy raras veces acontece, la magnitud de las lesiones que le ocasionó a estas personas, la forma como fueron encontradas, fueron múltiples las heridas que le causaron la muerte de manera instantánea a las víctimas, la manera como quedaron los cuerpos en la vía y el daño que se les ocasionó a las personas que fallecieron y a sus familiares”, argumentó la jueza.
“El despacho observa que entre los elementos presentados existe que si conducía a exceso de velocidad, el impacto, la destrucción del vehículo, son indicativos que la persona iba conduciendo a alta velocidad, si observamos las fotos de los hechos, la señalización era de 30 kilómetros por hora, hay edificación que dan cuenta que viven personas y trabajan allí”, agregó.
En este sentido aseguró que los jóvenes murieron de manera inmediata debido a la violencia del impacto, incluso -según el dictamen de Medicina Legal- un joven sufrió la amputación de una de sus extremidades. Los cuerpos quedaron en la vía mientras que el conductor siguió su rumbo.
Tras ser detenido por la policía, que tenía toda la autoridad para realizarle la prueba de alcoholemia pese a lo manifestado por su defensa, el empresario samario se trasladó a la clínica Perfect Body señalando que tenía un cuadro de deshidratación, ansiedad, y un fuerte dolor en el abdomen. Allí fue recluido durante varios días omitiendo el llamado de las autoridades.
En diferentes visitas aseguró que no estaba en condiciones para enfrentar la audiencia o se encontraba dormido. Pese a los dictámenes de Medicina Legal que señaló que estaba lucido y que podía presentarse ante un juez para atender la audiencia el hombre de 40 años siguió buscando aplazamientos.
Tras la audiencia de legalización de captura que se adelantó en el centro clínico, y pese a la expresa prohibición, el empresario se dirigió a una clínica de reposo en la capital del Magdalena lo que obligó a la suspensión de la audiencia de imputación de cargos.
“Sin ninguna autorización salió del primer centro clínico e ingresó al establecimiento psiquiátrico sin ninguna autorización (...) bajo su propio consentimiento se fue a una fundación psiquiátrica, fue necesario el traslado del despacho y allí en la primera clínica no estaba”, reseñó la jueza.
Con estos argumentos la funcionaria judicial concluyó que Vives Caballero representa un peligro para la comunidad. La medida de aseguramiento se justifica, indicó, teniendo en cuenta los antecedentes para afectar la administración de justicia y evadir su presencia. “Trató de entorpecer las diligencias”.
Por esto ordenó que el empresario sea trasladado a un centro carcelario mientras que se adelanta el proceso penal por el delito de homicidio con dolo eventual.
