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La Corte Constitucional admitió para estudio una demanda contra el Código de Procedimiento Penal que pretender reformar el sistema con el que se juzga a los congresistas y a quienes tienen un fuero constitucional.
Actualmente, algunos de ellos son juzgados bajo el sistema penal inquisitivo de la antigua Ley 600 del año 2000, en manos de la Corte Suprema de Justicia.
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La propuesta es que todos los procesos penales, incluidos los que se adelantan contra quienes tienen fuero constitucional, como los congresistas, se tramiten bajo el nuevo sistema penal acusatorio, regido por la Ley 906 de 2004.
Lo que plantea la demanda, interpuesta por los abogados Yefferson Mauricio Dueñas y John Jaime Posada, es que no se pueden abrir procesos penales bajo la Ley 600 del año 2000 por delitos cometidos con posterioridad al primero de enero del 2005.
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“Permitir que la Ley 600 de 2000 se aplique después del 31 de diciembre de 2008 para delitos cometidos luego del primero de enero del 2005 desconoce que el Acto Legislativo 03 de 2002 prohibió expresamente la utilización del modelo inquisitivo con posterioridad a la plena entrada en vigencia del sistema penal acusatorio”, se indica en la demanda.
Lo que aclaran los abogados es que la Corte Suprema de Justicia mantiene su competencia contra quienes tienen fuero constitucional, pero bajo el sistema penal acusatorio en el que la Fiscalía es la encargada de acusar.
Precisamente, algunos de esos casos que nombran en la demanda, son el del entonces gobernador de Casanare, Whitman Herney Porras, a quién la Fiscalía le abrió un proceso penal bajo la Ley 600, por hechos cometidos entre el 2006 y 2007.
También se nombra el caso del entonces gobernador de Arauca, Julio Enrique Acosta, a quién la Fiscalía inició una investigación bajo la Ley 600, por hechos cometidos en el 2006, y el caso del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, a quien la Fiscalía le abrió proceso penal bajo ese régimen por hechos cometidos en el 2005.
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A esos casos se suma la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe, quien decidió renunciar a su fuero constitucional para que su proceso por hechos cometido a partir del 2012 pasara al sistema penal acusatorio regido por la Ley 906 de 2004.
La demanda sostiene que es una oportunidad que tiene la Corte Constitucional para “eliminar de una vez por todas, la aplicación del modelo inquisitivo en Colombia y dar paso al sistema penal en tendencia acusatoria”.
También señala que no es justo que después de 19 años de aprobada la reforma constitucional y de 13 años de su implementación, el país continúe aplicando el modelo inquisitivo que tampoco se acopla o cumple con tratados internacionales en materia penal.
