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El alcalde de Riosucio, Chocó, Juan Moreno Mena, fue capturado en las últimas horas en el municipio de Apartadó, en el Urabá antioqueño, en un procedimiento adelantado por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y agentes de la Sijín de la Policía Nacional.
De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el mandatario fue requerido por las autoridades cerca de la Terminal de Transportes de Apartadó, donde se hizo efectiva una orden de captura. Por ahora, las autoridades no han entregado detalles oficiales sobre las circunstancias exactas del procedimiento ni han precisado cuáles son los delitos o conductas por los que Moreno Mena deberá comparecer ante la justicia.
La Fiscalía General de la Nación indicó que, por el momento, no realizará un pronunciamiento oficial sobre el caso y señaló que la información será entregada una vez culminen las respectivas audiencias judiciales.
Un antecedente por presunto desacato
De manera preliminar, la captura estaría relacionada con un presunto desacato de órdenes judiciales. El caso tendría como antecedente una decisión adoptada en agosto, cuando el alcalde fue sancionado con arresto por el presunto incumplimiento de una acción de tutela.
Este antecedente será uno de los elementos que deberán ser esclarecidos durante las diligencias judiciales. Será el proceso ante la justicia el que determine si efectivamente hubo incumplimiento de una orden judicial y cuáles serían las consecuencias jurídicas para el mandatario.
La captura no significa, por sí misma, que exista una responsabilidad penal determinada. Moreno Mena conserva su derecho a la defensa y a controvertir las actuaciones de la Fiscalía dentro del proceso.
También está bajo investigación de la Procuraduría
El alcalde de Riosucio también ha estado en el radar de los organismos de control por otras actuaciones relacionadas con su administración municipal. En particular, acumula investigaciones en la Procuraduría General de la Nación por presuntas omisiones relacionadas con la atención de la población privada de la libertad en el municipio de Riosucio.
Estas actuaciones administrativas son independientes del proceso que ahora deberá afrontar ante la justicia penal y deberán avanzar conforme a las competencias de cada autoridad. Las investigaciones buscan establecer si hubo algún tipo de responsabilidad por parte del mandatario frente a las situaciones que han sido objeto de cuestionamiento durante su administración.
¿Qué viene para el alcalde?
Luego de la captura, se espera que Moreno Mena sea presentado ante las autoridades judiciales para el desarrollo de las audiencias correspondientes. Durante estas diligencias deberán conocerse los motivos concretos que llevaron a la captura, las conductas que le atribuye la Fiscalía y los elementos que sustentan la investigación.
Posteriormente, un juez de control de garantías deberá pronunciarse sobre la situación jurídica del mandatario, de acuerdo con las solicitudes que sean formuladas por la Fiscalía y los argumentos que presente la defensa.
Mientras tanto, la situación genera atención en Riosucio, municipio del Chocó que hace parte de la región del Urabá-Darién y que enfrenta diferentes dificultades sociales y de seguridad. El caso también adquiere relevancia por tratarse de un alcalde que, hasta el momento de su captura, continuaba ejerciendo sus funciones como mandatario municipal.
Este es el contexto de la noticia
¿Por qué fue capturado el alcalde de Riosucio?
De manera preliminar, la captura estaría relacionada con un presunto desacato de una orden judicial. Sin embargo, la Fiscalía todavía no ha informado oficialmente cuáles son las conductas concretas que le atribuye.
¿Existe una investigación previa relacionada con el caso?
Sí. El mandatario habría sido sancionado en agosto con arresto por el presunto incumplimiento de una acción de tutela. Además, la Procuraduría adelanta otras investigaciones relacionadas con presuntas omisiones en la atención de personas privadas de la libertad.
¿Qué sigue después de la captura?
Se espera que durante las audiencias judiciales se conozcan los motivos concretos de la detención y los elementos de la investigación. La Fiscalía deberá sustentar sus actuaciones y la defensa tendrá la oportunidad de controvertir las acusaciones ante un juez.
