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Una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación busca esclarecer las decisiones administrativas, contractuales y financieras que rodearon la implementación del nuevo modelo de salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), así como las posibles irregularidades en el manejo de sus recursos.
La acción fue presentada por Pablo Bustos Sánchez, presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia (Red Ver), quien pidió investigar a varios exfuncionarios del Gobierno y directivos relacionados con la administración del fondo.
Denuncia contra varios exfuncionarios
“Una licitación cancelada por orden presidencial, un modelo aprobado en tan solo un mes y una red que operaba sin contratos dejaron un hueco fiscal de cerca de 2,7 billones de pesos”, aseguró Bustos al explicar los motivos de la denuncia.
Entre las personas cuyas actuaciones solicita investigar están Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda; Gloria Inés Ramírez, exministra de Trabajo, y Rosa Dory Chaparro, quien se desempeñó como presidenta de Fiduprevisora. El documento también plantea establecer las responsabilidades de otros funcionarios que participaron en las decisiones.
La denuncia comienza el 19 de octubre de 2023, cuando fue cancelada la Invitación Pública 002, proceso que buscaba contratar los servicios de salud para los docentes.
Cronología de los hechos denunciados
Seis meses después, el primero de abril de 2024, el Consejo Directivo del FOMAG aprobó el Acuerdo 003, mediante el cual se adoptaron los lineamientos del nuevo modelo de atención. Su implementación comenzó en mayo de ese año.
Según Bustos, las decisiones se tomaron en un periodo corto y posteriormente aparecieron dificultades en la prestación de los servicios.
“Las actas muestran quién decidió cada paso. La crisis de la salud que hoy padecen más de 300 mil docentes no fue un accidente, fue el resultado de una cadena de decisiones”, afirmó el presidente de Red Ver.
Dificultades para acceder a prestación de salud
Entre los problemas que solicita investigar están las dificultades para acceder a medicamentos, las controversias por la contratación de prestadores, los pagos y la continuidad de la red médica.
Otro punto central es la situación financiera del fondo. La denuncia pide verificar movimientos presupuestales por 1,24 billones de pesos y 859.000 millones de pesos, así como establecer el origen de un déficit estimado en 2,7 billones.
“Por esta razón, la Red de Veedurías ha denunciado formalmente ante la Fiscalía a quienes considera presuntos responsables de esta crisis”, manifestó Bustos.
La organización solicita investigar posibles delitos como contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado y prevaricato.
Además, pidió recaudar documentos, revisar las actuaciones de los organismos de control y establecer si las decisiones de los funcionarios tuvieron relación directa con las dificultades en la atención médica de los maestros. La denuncia busca que la Fiscalía adelante una investigación y determine si existieron responsabilidades penales.
Recientes anuncios del Gobierno
En medio de estos señalamientos, el Gobierno nacional anunció el 30 de octubre que no prorrogará el contrato de fiducia mercantil que desde 1990 mantenía con Fiduprevisora para la administración del FOMAG. El acuerdo venció el 31 de octubre, después de 36 años.
La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, explicó que la decisión se tomó luego de una revisión jurídica, técnica, financiera y operativa. Según el Ministerio, entre los hallazgos figura un patrimonio negativo de 3,198 billones de pesos a junio de 2026.
“Después de 36 años de vigencia de este contrato, se toma una decisión de carácter histórico. Una decisión para proteger los derechos fundamentales de los maestros y sus familias”, señaló la funcionaria.
La cartera también solicitó una auditoría forense para examinar la administración de los recursos y la ejecución del contrato. Además, informó que trasladó los hallazgos a la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía.
Atención de los maestros en su salud
Desde el primero de noviembre comenzó una transición de un año, prorrogable por otro, durante la cual la Fiduprevisora continuará con las responsabilidades que le corresponden. El objetivo es mantener la atención en salud y el trámite de las prestaciones económicas mientras se estructura una licitación pública para seleccionar al nuevo administrador.
La ministra aseguró que la terminación del contrato no implica suspender los servicios médicos ni el reconocimiento de pensiones y cesantías.
La denuncia de la Red de Veedurías y los hallazgos del Gobierno corresponden a actuaciones distintas. Ahora serán las autoridades competentes las encargadas de evaluar la información y determinar si existieron conductas irregulares.
Clave del tema en cuatro preguntas
¿Quién presentó la denuncia por presuntas irregularidades en la salud de los maestros?
Pablo Bustos Sánchez, presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia (Red Ver), presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General para solicitar que se investiguen las decisiones relacionadas con el modelo de salud del FOMAG.
¿A qué exfuncionarios pide investigar la denuncia?
La denuncia solicita examinar las actuaciones de Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda; Gloria Inés Ramírez, exministra de Trabajo, y Rosa Dory Chaparro, expresidenta de Fiduprevisora.
¿Cuáles son las presuntas irregularidades que se buscan esclarecer?
Se pide investigar la cancelación de un proceso de contratación en 2023, la aprobación del nuevo modelo de atención en 2024, las dificultades con la red de prestadores, el acceso a medicamentos y el manejo de los recursos del fondo.
¿De cuánto sería el presunto déficit financiero del FOMAG?
La denuncia hace referencia a un déficit estimado de 2,7 billones de pesos y solicita verificar movimientos presupuestales por 1,24 billones y 859.000 millones de pesos para establecer su origen, autorización y destinación.
