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La Cámara de Representantes retoma la discusión de un proyecto de ley que busca modificar las herramientas del Estado para enfrentar a las organizaciones criminales y establecer condiciones para que sus integrantes puedan someterse a la justicia. La iniciativa también contempla cambios en los mecanismos que se utilizaron durante la política de paz total del Gobierno anterior, especialmente los relacionados con los gestores y voceros de paz y la suspensión de órdenes de captura.
El proyecto representa una discusión sobre el rumbo de la política de seguridad y los mecanismos de sometimiento de estructuras armadas en Colombia. Mientras sus impulsores plantean un modelo basado en la justicia ordinaria y tratamientos penales diferenciados, también existen interrogantes sobre su aplicación, la capacidad institucional para investigar los delitos y las garantías de verdad, justicia y reparación para las víctimas.
Sometimiento bajo las reglas de la justicia ordinaria
En diálogo con La FM Fin de Semana, el senador Hernán Cadavid, del Centro Democrático y ponente de la iniciativa, explicó que el proyecto no crea una jurisdicción especial ni establece negociaciones políticas con las organizaciones criminales. Su propósito, según indicó, es modificar el Código Penal para establecer un tratamiento diferenciado a quienes decidan someterse a la justicia.
“El Estado colombiano le está diciendo a esas estructuras: yo los voy a combatir; si ustedes quieren someterse, les permito estas reglas, pero no voy a negociar con ustedes”, explicó.
La propuesta contempla compromisos verificables como entregar las armas, suspender las actividades ilícitas, suministrar información sobre las estructuras criminales y colaborar con las investigaciones.
"Incluye obligaciones relacionadas con la liberación de secuestrados, la entrega de menores reclutados y la identificación de bienes para reparar a las víctimas", afirmó.
Cadavid sostuvo que los procedimientos quedarían en manos de fiscales y jueces de la República, quienes determinarían si los integrantes de las organizaciones cumplen las condiciones para acceder a los beneficios establecidos.
El congresista también cuestionó los resultados de la política de paz total. Según sus cifras, los integrantes de grupos armados pasaron de "aproximadamente 15.000 en 2022 a 28.000 al finalizar el Gobierno anterior".
En particular, criticó los mecanismos de gestores, voceros y facilitadores de paz, al considerar que permitieron suspender órdenes de captura sin garantizar que los beneficiarios abandonaran las actividades criminales.
Mencionó los casos de alias Violeta, relacionada con el atentado al centro comercial Andino, y alias Calarcá, como ejemplos de personas que, según su cuestionamiento, "fueron favorecidas por esas figuras".
Cuestionamientos y plazo hasta el 4 de noviembre
La iniciativa corresponde al Proyecto de Ley 296 de 2026 del Senado y 433 de 2026 de la Cámara, mediante el cual se modifica y prorroga la Ley 418 de 1997, conocida como Ley de Orden Público. Su vigencia termina el 4 de noviembre, razón por la que el Congreso debe completar el trámite legislativo antes de esa fecha.
El proyecto no ha estado exento de controversia. Durante la discusión en el Senado, la senadora Carolina Corcho cuestionó que la propuesta pudiera generar escenarios de impunidad, mientras que Ariel Ávila expresó reparos frente a la facultad que tendría el Gobierno para reglamentar el sometimiento individual.
Senado de Colombia
Al cierre de la sesión del viernes 30 de octubre, el Senado había rechazado la ponencia de archivo con 45 votos en contra y 19 a favor, y aprobado la proposición con que termina el informe de ponencia. Sin embargo, todavía quedaba pendiente la votación de buena parte del articulado.
La Cámara, por su parte, fue convocada para sesionar este lunes festivo 2 de noviembre y avanzar en el segundo debate.
Para Cadavid, el principal desafío era conseguir el quórum y completar las votaciones dentro del calendario disponible. El senador insistió en que el país necesita "un instrumento jurídico que permita combatir las estructuras criminales y establecer condiciones claras para quienes decidan abandonar definitivamente la ilegalidad".
De esta manera, la discusión no solo definirá la continuidad de la Ley de Orden Público, sino también el marco jurídico con el que el nuevo Gobierno pretende abordar el sometimiento de las organizaciones armadas ilegales.
Bloque de preguntas y respuestas
¿Qué propone el proyecto de ley sobre el sometimiento de organizaciones criminales en Colombia?
El Proyecto de Ley 296 de 2026 del Senado y 433 de 2026 de la Cámara busca modificar el marco jurídico para que integrantes de organizaciones criminales puedan someterse a la justicia bajo condiciones verificables. La iniciativa plantea cambios al Código Penal y contempla tratamientos penales diferenciados, sin crear una jurisdicción especial ni establecer negociaciones políticas con esos grupos.
¿Qué condiciones deberán cumplir los grupos criminales para someterse a la justicia?
La propuesta establece compromisos como entregar las armas, suspender las actividades ilícitas, suministrar información sobre sus estructuras y colaborar con las investigaciones. También contempla la liberación de secuestrados, la entrega de menores reclutados y la identificación de bienes destinados a reparar a las víctimas.
¿Qué dijo el senador Hernán Cadavid sobre el proyecto de sometimiento?
El senador del Centro Democrático, ponente de la iniciativa, explicó que el Estado mantendría la acción contra las organizaciones criminales y ofrecería condiciones jurídicas a quienes decidan someterse. “El Estado colombiano le está diciendo a esas estructuras: yo los voy a combatir; si ustedes quieren someterse, les permito estas reglas, pero no voy a negociar con ustedes”, afirmó.
¿Quién decidirá si los integrantes de organizaciones criminales pueden recibir beneficios?
Según Cadavid, los procedimientos estarán a cargo de fiscales y jueces de la República, quienes verificarán el cumplimiento de los compromisos y determinarán si los integrantes de las estructuras criminales pueden acceder a los beneficios previstos en la iniciativa.
¿Por qué el Congreso debe aprobar el proyecto antes del 4 de noviembre?
La iniciativa modifica y prorroga la Ley 418 de 1997, conocida como Ley de Orden Público, cuya vigencia termina el 4 de noviembre de 2026. Por eso, el Congreso debe completar el trámite legislativo antes de esa fecha para definir la continuidad de este marco jurídico y las condiciones de sometimiento de las organizaciones armadas ilegales.
