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Cinco días después de que el Gobierno nacional declarara insubsistente al director de la Unidad de Víctimas, Adith Rafael Romero Polanco, la Corte Constitucional advirtió de los peligros que representa la inestabilidad en una entidad clave para responder a las afectaciones del conflicto armado.
La Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, que hace más de dos décadas declaró el estado de cosas inconstitucional en la atención a las víctimas de desplazamiento forzado, manifestó su "preocupación" por la insubsistencia de Romero y por los cambios de los últimos tres años.
El gobierno del presidente Gustavo Petro ha alternado la administración general de la Unidad en varias ocasiones. La excomisionada de la Verdad Patricia Tobón, de la comunidad indígena Emberá, fue la jefa de la entidad hasta mediados de 2024, cuando asumió la filósofa Lilia Solano.
Solano renunció en febrero de 2025, dándole paso a la interinidad de la exsenadora y exalcaldesa Gloria Cuartas, directora de la incipiente Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz. Adith Romero vino después, entre cuestionamientos por antes haber sido mayormente un escolta.
La Presidencia publicó la hoja de vida de Romero en su portal de aspirantes en mayo de 2025. Antes de ser el responsable de aterrizar la política pública de víctimas, el ingeniero fue secretario del Interior en Barrancabermeja y escolta de la empresa Seguridad y Vigilancia Colombiana (Sevicol).
Breiner Osorio se posesionó como director encargado de la Unidad de Víctimas apenas el Ejecutivo apartó del cargo a Romero. "La reiterada rotación en la dirección de la Unidad constituye un motivo de seria preocupación", sostuvo la Corte Constitucional.
Una salida "inquietante"
El relevo de Romero "resulta particularmente inquietante", afirma el alto tribunal en un comunicado oficial, por "estar acompañado de denuncias sobre presuntas irregularidades asociadas a la contratación". La Sala Especial pidió que las autoridades competentes investiguen "con prontitud".
A lo largo de la semana anterior a la declaratoria de insubsistencia, Romero aprobó la vinculación de más de 2.000 contratistas en el Fondo de Reparación de Víctimas, que administra los bienes y recursos que deben destinarse a reparar a más de nueve millones de personas.
El Fondo había operado con unas 180 personas en su planta antes de la ampliación de más de $22,5 mil millones que Romero aprobó, en medio de alertas por supuestas cuotas burocráticas justo antes de las elecciones legislativas y presidenciales.
Ya en 2024 la Secretaría de Transparencia de la Presidencia señalaba la pérdida de más de $4,2 mil millones en el Fondo entre 2018 y 2022, por presunta corrupción en bienes entregados por sentencias de Justicia y Paz, luego de una auditoría que solicitó la administración de Patricia Tobón.
Los "cambios frecuentes" en la dirección de la Unidad "pueden afectar significativamente la confianza institucional, tanto de las víctimas como de las entidades que integran el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas", remarcó la Corte.
"Esta inestabilidad también puede limitar la continuidad de las políticas públicas, planes y programas que se encuentran en curso, dificultar la consolidación de procesos de mediano y largo plazo, y debilitar la capacidad de liderazgo y de articulación institucional", añadió.
Unidad de Víctimas, a rendir cuentas
La Sala de Seguimiento prometió adoptar "las medidas requeridas" para que la Unidad informe "sobre la ejecución" y los resultados de los planes a su cargo, aunque no precisó qué determinaciones concretas ordenará. Y llamó a seleccionar un director o una directora "con el máximo rigor".
El pronunciamiento llegó un día después de que la Defensoría del Pueblo le pidiera al Gobierno nacional contestar "a los cuestionamientos relacionados con presuntos hechos de corrupción", además de brindar "una atención inmediata" a la "inestabilidad" de la Unidad.
La Unidad para las víctimas permaneció en silencio hasta este martes. La atención coordinada a las víctimas del conflicto y las de crisis humanitarias —como la del Catatumbo, que desde enero del año pasado deja casi 80.000 desplazamientos forzados— permanece en vilo.
Con un comunicado de casi dos páginas, la agencia gubernamental rechazó "categóricamente" lo que calificó como "acusaciones difundidas en algunos medios de comunicación", y justificó el ensanche de la nómina. "Se requiere personal capacitado en todo el territorio", aseguró.
Aunque no se refirió directamente a la salida de Adith Romero, la Unidad dijo respetar "plenamente" la decisión del presidente Petro de hacerlo a un lado, pues se trata de su "autonomía administrativa". Y se calificó a sí misma como "pionera" en la cobertura de ayuda humanitaria.
"Hasta la fecha, se han atendido los requerimientos realizados por los entes de control sobre estas denuncias" de cuotas de congresistas y de políticos de Barrancabermeja, la tierra del saliente director Romero. Los señalamientos "carecen de sustento", zanjó.
