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En medio de las denuncias sobre presuntos hechos irregulares en la contratación en la Unidad de Víctimas, salió al paso la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien reclamó al presidente Gustavo Petro por no designar de inmediato una persona preparada y con experiencia para ese cargo.
“La labor de la Unidad para las Víctimas es demasiado delicada para la atención de las crisis humanitarias que vivimos en las regiones, también para la reparación. La improvisación y la inestabilidad están haciendo un daño tremendo para la garantía de los derechos de millones de víctimas y personas desplazadas en nuestro país”, cuestionó la funcionaria.
A esto se sumó la entidad que manifestó: "La estabilidad y transparencia son fundamentales para impulsar las medidas y políticas públicas en favor de las víctimas".
Igualmente, en la misiva se exhorta a garantizar estabilidad en la dirección de la Unidad para las Víctimas, a responder cuestionamientos por presuntos hechos de corrupción y a asegurar una adecuada implementación de la política pública para los afectados por el conflicto armado.
“El pasado viernes fue declarado insubsistente el director general Adith Rafael Romero en medio de diversas denuncias por presuntas irregularidades en procesos de contratación durante su gestión y fue designado de manera provisional Breiner Rafael Osorio.
Entre 2022 y 2026, la Presidencia de la República ha designado, en propiedad y en encargo, a cinco personas distintas en la Dirección General, situación que ha afectado la continuidad institucional y el avance de procesos estructurales de la política pública de víctimas”, resume el texto.
Además, la Defensoría resaltó su preocupación por los hechos que se han venido denunciando en medios de comunicación, relacionados con presuntos actos de corrupción. “Estas situaciones, de ser ciertas, exigen una atención inmediata y respuestas claras por parte del Gobierno nacional, así como la intervención de los organismos de control competentes”, reseña el documento.
“La estabilidad y transparencia en la coordinación de los procesos a cargo de la Unidad para las Víctimas es fundamental para impulsar las medidas en favor de las víctimas cuyo universo representa aproximadamente el 20% de la población del país, especialmente aquellas priorizadas por el CONPES de soluciones duraderas y la reglamentación de la Ley 2421 de 2024”, puntualiza el comunicado.
Hasta el viernes pasado, pese al despido del director, se ejecutaron 48 contratos, incluyendo uno por cerca de 71.000 millones de pesos.
