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La sala de juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia perdió competencia y dejará de procesar penalmente al exministro de Ambiente Carlos Correa, por las irregularidades en las obras para la reconstrucción y remodelación del coliseo Happy Lora en Montería.
La razón fue la renuncia que aceptó Correa al cargo de ministro, por el cambio de gobierno. Así las cosas, el proceso se trasladó al juzgado segundo penal del circuito de Montería.
“En efecto, los hechos por los que fue acusado Carlos Correa ocurrieron cuando éste se desempeñaba como alcalde para el periodo 2012-2015 (…) por lo que claramente se advierte que ni funcional ni temporalmente están relacionados con su ejercicio como ministro de Ambiente (…) no existe en la actualidad causal alguna que implique extender la competencia de la Corte Suprema para adelantar el juzgamiento”, se lee en la decisión firmada con ponencia del magistrado Jorge Emilio Caldas.
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Correa ya fue acusado ante la Corte Suprema de Justicia por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, y peculado por apropiación a favor de terceros.
Los hechos de investigación sucedieron entre el 2012 a 2015, cuando Correa se desempeñó como alcalde de Montería, quien al parecer “se interesó indebidamente en la suscripción del convenio” para las obras de rehabilitación del Coliseo.
Las investigaciones indican que el alcalde desconoció un contrato que ya estaba firmado desde el 2011 con la Gobernación de Córdoba y que el nuevo contrato se entregó a dedo al Fondo Mixto para la Promoción social y el Deporte.
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“No se adelantó licitación pública, al igual que no se tuvieron en cuenta los estudios previos del convenio que fue suscrito con anterioridad entre los entes territoriales”, se indica en el documento de la investigación.
También advierte que Correa supuestamente sabía que existía un contrato anterior, pero que aun así permitió la ejecución del nuevo contrato con el Fondo Mixto, “sin respetar los diseños probados en el anterior contrato, sin visitas de verificación a los trabajos del Fondo, con demoliciones no autorizadas, y cambios en los diseños del proyecto”.
“Recrimina al acusador haber suscrito el convenio conociendo que el objeto allí previsto no se iba a desarrollar dentro de los plazos, condiciones y fases, por lo que el coliseo no sería escenario para los juegos deportivos como en efecto sucedió”, se indica en la acusación.
La investigación señala que en total se abrían perdido más de 9.349 millones de pesos, que al parecer se pagaron al Fondo Mixto por las obras que no estaban listas como se reportaba en los informes de interventoría hecha por una empresa contratada por el Fondo y no por la Alcaldía.
