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La tensión política entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Medellín alcanzó un nuevo punto de ebullición. El detonante fue la escandalosa "parranda vallenata" protagonizada por los máximos jefes de las estructuras criminales del Valle de Aburrá en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí. Tras conocerse que el presidente Gustavo Petro ordenó finalmente el traslado de los 16 cabecillas que integran la Mesa de Paz. El alcalde Federico Gutiérrez no solo celebró la medida, sino que lanzó acusaciones frontales sobre el origen de estos beneficios.
Para Gutiérrez, quien ha sido un crítico sistemático de los diálogos con bandas criminales, la comodidad y el control que ejercían estos delincuentes en el penal no eran una coincidencia, sino un compromiso político adquirido previamente.
El "Show" de los traslados y el Pacto de la Picota
El mandatario local fue tajante al señalar que el anuncio de los traslados es una reacción tardía para calmar la indignación pública, pero que en el fondo, el Gobierno les permitió agruparse en Itagüí como una retribución por apoyos electorales. Según el alcalde, esta relación de beneficios se remonta a los polémicos acercamientos realizados durante la contienda presidencial de 2022.
“Él hace el show y dice que va a haber unos traslados, pues bueno, hágalos. Pero durante cuatro años de su gobierno los juntó para pagarles el favor del apoyo a la campaña, y todo esto viene desde el pacto de La Picota”, manifestó Gutiérrez con dureza.
Esta declaración reabre el debate sobre las concesiones que ha hecho el programa de "Paz Total" a estructuras que, lejos de cesar sus actividades delictivas, habrían aprovechado los espacios de diálogo para fortalecer su mando desde los centros de reclusión.
Una parranda que dinamitó la credibilidad
El escándalo que rebosó la copa de la paciencia ciudadana y regional ocurrió el pasado miércoles. Durante siete horas, entre las 9:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, la música vallenata en vivo retumbó en los pasillos de un penal que, en teoría, debería tener restricciones máximas. La fiesta habría sido patrocinada por alias ‘Tom’, histórico cabecilla de la "Oficina", y otros jefes de bandas del Valle de Aburrá.
Para la Alcaldía de Medellín, este episodio no fue un hecho aislado, sino la prueba fehaciente de que el proceso de paz urbana carece de verificación y rigor. Gutiérrez sostiene que el país está viviendo un "deja vu" de impunidad que afecta directamente la seguridad de los medellinenses.
“A la gente no se le puede olvidar que lo que pasó ahí fueron pagos de favores que hicieron para ganar la Presidencia y hoy, cuatro años después, nos quieren repetir la misma dosis”, sentenció el mandatario antioqueño en relación con el posible reciclaje de beneficios judiciales para criminales de alto impacto.
Suspensión y falta de garantías
Actualmente, el Proceso de Paz del Valle de Aburrá, amparado en la Ley 2272, se encuentra suspendido. Mientras las autoridades locales y departamentales exigen que los 16 hombres señalados como cabecillas abandonen el penal de Itagüí de inmediato, existe un escepticismo generalizado sobre el cumplimiento real de la orden presidencial.
La ciudad de Medellín sigue a la espera de que el Gobierno Nacional pase del discurso y los anuncios en redes sociales a la ejecución real de los traslados a centros de reclusión donde no tengan capacidad de mando ni acceso a privilegios. Por ahora, el pulso político se mantiene al rojo vivo, dejando claro que entre la Casa de Nariño y el Centro Administrativo de Medellín (CAM), la confianza no solo está rota, sino que parece inexistente.
