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La Corte Constitucional convocó a una audiencia pública ante la Corte Suprema de Justicia para el próximo 11 de noviembre, con el fin de solicitar al Estado colombiano respuestas frente a la crisis humanitaria que afecta a la región del Catatumbo, donde la grave situación de desplazamiento impacta directamente a los firmantes del Acuerdo de Paz.
La convocatoria de esta diligencia judicial está relacionada con las escasas respuestas que ha ofrecido el Gobierno Nacional ante la crisis regional, que ha dejado cerca de 73.000 personas desplazadas, entre ellas 218 firmantes del acuerdo de paz y 2.400 personas confinadas, de las cuales 183 también hacen parte de ese colectivo de damnificados.
La corporación constitucional ha señalado que varias entidades reportan, además, la desaparición de seis firmantes y el asesinato de otros siete, ataques que han afectado directamente a la población civil como consecuencia de los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las extintas FARC-EP.
Asimismo, la Corte indicó que, en junio pasado, realizó una visita a ese territorio, donde recopiló información de distintas entidades locales y elaboró un diagnóstico sobre la respuesta del Gobierno frente a la crisis.
De acuerdo con dicho informe, se evidenció la existencia de falencias en varios frentes. En este sentido, el alto tribunal advirtió la “ausencia de un plan de reacción inmediata frente a las múltiples alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo”.
Por otra parte, la Corte señaló que la responsabilidad de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas también presenta limitaciones en lo que respecta a la atención integral, reflejadas en la falta de respuesta institucional y de liderazgo.
No obstante, se destaca que el Pacto Catatumbo ha sido presentado por el Gobierno Nacional como un instrumento clave para contrarrestar los efectos de la crisis, lo que ha generado gran expectativa entre las autoridades territoriales. Sin embargo, las salas advierten que su implementación aún no ha iniciado, lo que genera incertidumbre sobre su efectividad y el riesgo de que permanezca solo en el papel.
