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El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, lanzó una advertencia sobre el futuro de la justicia transicional en Colombia al señalar que no existen los recursos suficientes para implementar las decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
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Según explicó, el presupuesto necesario para la reparación a las víctimas y la aplicación de las sanciones propias asciende a $500.000 millones, de los cuales el Ministerio de Hacienda solo ha desembolsado $20.000 millones.
“Existe incertidumbre frente a los $500.000 millones que se requieren para la financiación de la reparación a las víctimas, las sanciones propias y el cumplimiento de las sentencias que se emitan como consecuencia de los macrocasos que atiende la JEP”, señaló Rodríguez.
Las sanciones propias —Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador-Reparador (TOAR)— requieren una planeación y una ejecución que hoy no cuentan con respaldo financiero. “Presupuestalmente no se encuentran los recursos para las TOAR y no se vislumbra la financiación ni la sostenibilidad a mediano y largo plazo”, advirtió el jefe del organismo de control.
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Otro punto crítico es la baja monetización de los bienes entregados por las extintas FARC. Según el contralor, en las auditorías a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) realizadas en 2022 y 2024, quedó en evidencia que no se han convertido en dinero los bienes suficientes que permitan garantizar recursos para reparar a las víctimas. “Se ha puesto de manifiesto la baja monetización de los bienes que permitieran contar con recursos”, dijo.
La Contraloría también alertó sobre debilidades en la articulación y coordinación interinstitucional. Para Rodríguez, la ausencia de previsión administrativa y financiera por parte del Gobierno puede tener consecuencias graves. “La falta de articulación y coordinación puede conllevar a una implementación ineficaz de las medidas e impedir que las sanciones y los procesos restaurativos tengan un impacto real y positivo en las víctimas”, señaló.
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Actualmente, ante la JEP se han acreditado más de 9.200 víctimas individuales y 340.000 personas integradas en sujetos colectivos, quienes dependen de que se cumplan las decisiones judiciales. De no garantizarse la financiación, el contralor advierte que las comunidades podrían enfrentar un escenario de revictimización y pérdida de confianza.
“La ausencia de financiación para la ejecución de estas sanciones puede llevar a la revictimización, frustración de la comunidad y la afectación reputacional de la justicia transicional en Colombia”, concluyó.
