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La Superintendencia de Sociedades decretó la apertura de la liquidación judicial de la sociedad Navelena S.A.S., una de las empresas vinculadas a la multinacional brasileña Odebrecht, protagonista de un sonado escándalo de corrupción.
Según fuentes del organismo, la decisión se dio a solicitud de la Delegatura de Inspección Vigilancia y Control, "en atención a que se han advertido circunstancias que justifican evaluar, en mayor detalle la situación administrativa, económica, jurídica y contable de la sociedad" .
Los reportes muestran que la sociedad se encuentra en una situación crítica teniendo en cuenta que presenta obligaciones vencidas a más de 90 días que superan el 10% del pasivo social.
Por lo demás, la sociedad ha quedado imposibilitada para desarrollar su objeto social.
"Se advierte que la información reportada por la compañía es preliminar y debe ser verificada, puesto que los estados financieros de los últimos ejercicios no han sido aún dictaminados por el revisor fiscal", explicaron las fuentes.
"Esta situación es particularmente preocupante puesto que la protección adecuada de los acreedores requiere de una información que refleje fielmente la situación patrimonial de la compañía", agregaron.
Aclararon que los acreedores de Navelena podrán presentar sus créditos al liquidador, allegando prueba de la existencia y cuantía del mismo, según señaló el delegado para Procedimientos de Insolvencia, Nicolás Polanía, en el auto expedido por dicha área.
El superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar, recordó que "mediante este proceso se busca la liquidación pronta y ordenada del patrimonio del deudor así como la protección de los derechos de los acreedores".
Como liquidador se designó al exsuperintendente de Industria y Comercio, Emilio José Archila Peñalosa.
Escándalo
Este consorcio estaba encargado de adelantar el proyecto de navegabilidad comercial por el Río Magdalena. Navelena estuvo involucrada en un escándalo por un millonario préstamo que le otorgó el Banco Agrario para adelantar este proyecto.
En su momento, la Contraloría General de la República denunció irregularidades en el otorgamiento de dicho préstamo. Tras el escándalo, el Estado decidió asumir este proyecto.
