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El Consejo de Estado dejó en firme un fallo de primera instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el que ordenó reforzar las medidas de vigilancia y salubridad a los mataderos clandestinos que sacrifican todo tipo de animales en condiciones no aptas.
El fallo se dio después de una acción popular que interpuso la Asociación Frigoríficos de Colombia para exigir que se protejan los derechos colectivos a la seguridad y salubridad pública de todos los ciudadanos.
Según Álvaro Urrea, presidente ejecutivo de la Asociación Frigoríficos de Colombia, el consumo de la carne bovina y la de otras especies implica necesariamente una estricta y coherente regulación por parte del Estado, en todo el proceso de la cadena productiva, sacrificio, deshuese, transporte, transformación y expendio o entrega al público, con el fin de preservar el cometido estatal referente a la seguridad alimentaria.
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De acuerdo con la acción ciudadana, en el país existe omisión de las entidades estatales, especialmente del Invima y la Policía, en la vigilancia de los procedimientos de seguridad y salubridad. “La omisión de estas entidades, se traduce en el crecimiento indiscriminado y progresivo del sacrificio ilegal de ganado bovino, porcino y avícola, en lugares no acondicionados técnicamente y sin ningún control sanitario, que garantice aptitud para consumo humano”, indicó Urrea.
Los demandantes también señalaron que las omisiones también recaen en el tipo de especie vendida, para efectos de evitar la confusión al consumidor con el ingreso de equinos y asnos, sin verificación respecto de su estado físico de salud, al momento del sacrificio.
Por su parte, el Invima negó que haya incumplido con las responsabilidades de vigilancia y control y señaló que “ha ampliado la planta de personal desde el 2008 a la fecha, contando actualmente con 281 inspectores en plantas de beneficio animal; lo que le permite a Ios establecimientos recibir una inspección permanente de dicha entidad y traducir tales esfuerzos en establecimientos vigilados para poder garantizar el consumo de carne y productos cárnicos comestibles de excelente calidad”.
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Frente a esto, el Consejo de Estado finalmente no aceptó los argumentos del Invima y le dio la razón a la Asociación Frigoríficos de Colombia, indicando que la entidad sanitaria y la Policía sí han incumplido en los controles de saneamiento en los mataderos clandestinos.
El alto tribunal señaló que es responsabilidad del Invima emprender las acciones necesarias, máximo en 30 días, y proponer y armonizar políticas orientadas a desestimular y erradicar el beneficio ilegal de animales destinados para el consumo humano, así como el transporte y comercialización de la carne y de los productos cárnicos comestibles obtenidos en esas condiciones.
Asimismo, ordenó a la Policía Nacional iniciar un Plan de Acción en todo el país a fin de identificar los sitios de sacrificio ilegal e imponer las sanciones correspondientes.
