La FM en Google News
El Consejo de Estado condenó a la Fiscalía General de la Nación a reparar al exfiscal Carlos Bonilla, quien tuvo que exiliarse del país, luego de recibir amenazas por las investigaciones que adelantaba su despacho por el homicidio del defensor de Derechos Humanos Jesús María Valle, ocurrido en 1998.
María Valle había denunciado las masacres a manos de grupos paramilitares conocidas como las masacres La Granja y El Aro, en el municipio de Ituango (Antioquia), ocurridas el 11 de junio de 1996 y entre el 22 y 31 de octubre de 1997, respectivamente.
Por esos hechos, el expresidente Uribe tiene una investigación activa por presunta omisión a sus deberes de gobernador del departamento de Antioquia.
Lea además: Capturan a extranjeros que portaban explosivos en marchas en Bogotá
El fiscal Bonilla que hacia parte de los fiscales 'sin rostro' y “era instructor de casos significativos contra el paramilitarismo, pero no recibió protección pese al riesgo en que estaba su vida por sus investigaciones”, se indica en el fallo del Consejo de Estado.
En la decisión que condena a la Fiscalía se ordena publicar la decisión en su página web y hacer público un comunicado en el que pida disculpas al entonces fiscal y su familia.
La demanda contra la Fiscalía se presentó en agosto de 2001, por la falta de protección a la vida e integridad del entonces fiscal, quien se vio obligado a renunciar irrevocablemente al cargo por los riesgos en el que estaba su vida y la de su familia.
“El dolor de ver la vida destruida, el de abandonar a quienes dependían de ellos, y el que conlleva la asunción de todo lo que vino después es inconmensurable”, se señala en el fallo del Consejo de Estado.
Le puede interesar: Se escapó de sus secuestradores reconocido ganadero retenido en Casanare
El fallo también advierte que “las personas exiliadas viven un duelo permanente desde que deben huir hasta que logran integrarse plenamente en otra parte. Muchas veces, el sentimiento de duelo, de la pérdida, no las abandona ni siquiera cuando logran un exitoso proceso de adaptación”.
Para el Consejo de Estado, la familia Bonilla Posada estuvo expuesta a “duelo, miedo, desarraigo, nostalgia, inseguridades frente al olvido, tensiones en la consolidación, continuación o construcción de la identidad” porque fue sometida al temor fundado de una persecución a muerte y tuvo que “renunciar a sus planes y proyectos (…) con el fin de mantenerse con vida”.
