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Cinco personas responsables de asesinar, amenazar o desplazar a exguerrilleros de las Farc fueran condenados en diferentes partes de Colombia por esos hechos, informó este sábado la Fiscalía General.
Las investigaciones de la Fiscalía y la Policía "permitieron obtener contundente material probatorio para esclarecer cuatro acciones criminales contra personas en proceso de reincorporación", indicó la Fiscalía en un comunicado.
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En un primer caso, dos personas fueron condenadas como responsables del ataque armado en el que fue asesinado el exguerrillero José Andrade Betancourth Leal, ocurrido el 6 de agosto de 2019 en el municipio de Rioblanco, en el departamento del Tolima.
Según la Fiscalía, el juez penal del caso "condenó a Fernando Betancourt Correa a ocho años y 10 meses de prisión tras acogerse a sentencia anticipada y aceptar cargos como determinador de la acción criminal", por lo que fue declarado "responsable de homicidio agravado en grado de tentativa", entre otros delitos.
Por la muerte de Betancourth también fue condenado el venezolano Geiner José Mejías Valladares, quien deberá pagar una pena de nueve años y un mes de cárcel como coautor material.
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Sentencia en el suroeste
Por otro asesinato, del reincorporado de las Farc Mauricio Castañeda Restrepo, ocurrido el 15 de octubre de 2018 en Corinto, en el departamento de Cauca, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Popayán condenó a Gustavo Adolfo Pecupawue Quiguapumbo, integrante de las disidencias de las Farc conocidas con el nombre de "Dagoberto Ramos".
Pecupawue deberá pagar siete años y dos meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio. Esta condena es la sexta que obtiene la Fiscalía por el asesinato de Castañeda Restrepo.
Desplazamiento y amenazas en Chocó
Por el desplazamiento forzado del que fueron víctimas los reincorporados de las Farc Evert Ramos Gallego y Patricio Ramos Gallego, así como cinco exguerrilleros más y sus familiares, un juez de Quibdó, capital del departamento del Chocó (oeste), condenó a José Gabriel Julio Guerrero, alias "Pinto", a 84 meses de prisión y al pago de una multa.
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A Julio Guerrero le fueron imputados "los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de desplazamiento forzado, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones de uso privativo de la Fuerzas Militares", explicó la Fiscalía.
El implicado, que aceptó los cargos y se sometió a sentencia anticipada, se dedicaba a ampliar los territorios bajo dominio de la banda criminal Clan del Golfo y de manejar las rutas del narcotráfico en esa región.
Otro juez de Quibdó condenó a Walter Romaña Moreno a una pena de dos años y seis meses de prisión por las amenazas de las que fue víctima el reincorporado Martín Matilde Cuesta Moreno.
Realidad en cifras
La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo el pasado 24 de abril que al menos 19 defensores de derechos humanos y líderes sociales han sido asesinados este año en Colombia y que están en verificación otras 34 posibles muertes de activistas.
La Oficina de la ONU también contabiliza un aumento del acoso y las amenazas contra agricultores, pueblos indígenas y afrodescendientes en el Cauca, así como la intensificación de incidentes armados en esa región.
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Por su parte, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia informó a finales del año pasado que desde noviembre de 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz con el Gobierno colombiano, han sido asesinadas 198 personas en "proceso de reincorporación".
