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La abogada Natalia Bernal informó que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes aceptó estudiar una denuncia que interpuso contra tres magistrados de la Corte Constitucional, por temas relacionados al aborto.
Los magistrados denunciados por la abogada son Alejandro Linares, Antonio José Lizarazo y Gloria Stella Ortiz, por los delitos de calumnia, injuria, falsedad en documento público, y encubrimiento de pruebas de parálisis cerebral infantil.
La doctora en derecho Constitucional señala que, sin pruebas, ellos la acusaron de haber hecho en su contra pronunciamientos irrespetuosos y amenazantes.
Bernal también señala a los magistrados de supuestamente adulterar “argumentos de su autoría y elementos probatorios” dentro de sus acciones.
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El choque entre la abogada y los magistrados de la Corte Constitucional inició hace varios meses atrás, cuando la abogada presentó un recurso judicial en busca de penalizar totalmente el aborto en el país.
La Corte no aceptó sus argumentos y dejó la despenalización del aborto bajo las tres causales permitidas desde el 2006.
En medio de ese estudio constitucional, la doctora en derecho constitucional presentó varios recursos en los cuales advirtió que la Corte supuestamente no había tenido en cuenta las pruebas que presentó.
Los magistrados decidieron denunciarla ante la Comisión de Disciplina Judicial para investigarla disciplinariamente por supuestamente hacer uso excesivo del litigio y supuestamente usar “un lenguaje carente de respeto”.
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“La abogada Natalia Bernal Cano ha presentado múltiples peticiones, todas ellas infundadas (…) que se han extendido a otras actuaciones. En ellas, no solo ha planteado expresiones que no tienen sustento, sino en varias ocasiones ha expresado afirmaciones en contra de varios magistrados y magistradas de la Corte Constitucional y ha utilizado en lenguaje carente de respeto con este Tribunal y que es, por esa misma circunstancia, incompatible con la majestad de la Justicia”, sostuvo la Corte.
En ese documento, la Corte también le hizo un llamado a la abogada para que se abstenga de “formular solicitudes irrespetuosas, amenazantes o infundadas hacia los magistrados”.
