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Desde la Presidencia de la República se solicitó a las autoridades pertinentes que profieran una sanción ejemplar, si se confirman las denuncias sobre presuntas interceptaciones telefónicas ilegales a varios magistrados de la Corte Constitucional.
Rafael Guarín, consejero de seguridad de la Presidencia, manifestó que si se detecta un nuevo caso de ‘chuzadas’ a las altas cortes, se estaría configurando un atentado en contra de la administración de justicia.
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A través de su cuenta de twitter, Guarín indicó que un estado social de derecho se debe garantizar la libertad e independencia de las Cortes y jueces de la República.
“En un estado social de derecho es esencial la libertad y la independencia de las Cortes y los jueces. Cualquier posible afectación a integridad de comunicaciones de magistrados es un atentado contra el funcionamiento de la administración de justicia y debe sancionarse severamente”, destaca el trino.
El funcionario agregó en otro mensaje que “la libertad plena de Cortes y en general de jueces debe garantizarse absolutamente. Es un presupuesto del estado de derecho y compromiso del Gbno Nal. La interceptación ilegal de comunicaciones constituye un delito y una violación a la Constitución que siempre debe ser sancionada”.
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Cabe mencionar que esta semana la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación por las denuncias presentadas por los magistrados de la Corte Constitucional, por presuntas interceptaciones telefónicas de las que estarían siendo víctimas.
A propósito de estas revelaciones, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, le manifestó a la presidenta de la Corte Constitucional, Gloria Stella Ortiz, que se recolectarán las pruebas para verificar los hechos denunciados.
"Por su elevado conducto, ruego a los señores magistrados prestar al fiscal Fabio Espitia, toda la colaboración que requiere el asunto, en el marco de la confidencial que se impone", precisó.
En este caso se anunció que se busca establecer la existencia de una "organización criminal" que estaría detrás de a búsqueda de la información privilegiada de las comunicaciones de los magistrados.
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"He dispuesto que a esta investigación se sumen los audios recaudados por la Fiscalía desde el mes de enero de este año, que darían cuenta de la existencia de una presunta organización criminal interesada en una actuación ante la Corte Constitucional, para la cual pretendía acceder a sus comunicaciones privadas", aseguró Néstor Humberto Martínez.
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