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Ya se completan dos meses desde el inicio de los enfrentamientos entre el Frente 33 de las disidencias de las Farc y el ELN en la región del Catatumbo, Norte de Santander, una guerra que ha dejado consecuencias humanitarias devastadoras, especialmente en temas de desplazamiento y violencia.
Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, más de 90 mil personas han sido afectadas por el conflicto, de las cuales más de 56 mil han sido desplazadas. A esto se suman más de 27 mil personas confinadas o con serias limitaciones para su movilidad y acceso a asistencia humanitaria.
Entre los más afectados se encuentran los pueblos indígenas de la región, como los Barí y los Yukpa, quienes también enfrentan restricciones para acceder a ayuda vital.
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Por otra parte, las cifras de la Gobernación de Norte de Santander reflejan la magnitud de la crisis, ya que reportan que 86 personas han perdido la vida, entre ellas firmantes de paz, líderes sociales, menores de edad y particulares. Además, el número de desplazados alcanza los 57 mil, mientras que los homicidios y las desapariciones continúan siendo una constante.
Además, un informe de Medicina Legal detalló que en los dos primeros meses de 2025 se realizaron 71 necropsias por presuntos homicidios en Norte de Santander. Del total de casos, el 94,4 % de las víctimas fueron hombres, y el 5,6 % restante fueron mujeres.
En torno al balance de homicidios por municipio, se registró que Tibú fue el más afectado con 36 casos, seguido por Teorama con 18, El Tarra con 10, Convención con cinco y El Carmen y Ocaña con uno.
Con el conflicto aún vigente, el Gobierno Nacional y las organizaciones internacionales continúan intentando mitigar los efectos del enfrentamiento armado, pero la situación sigue siendo crítica en una de las regiones más golpeadas por la violencia en Colombia.
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