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La recusación no frenó el caso. La Corte Suprema de Justicia negó el recurso que pretendía sacar al magistrado Carlos Roberto Solórzano Garavito del proceso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. El pulso sobre la imparcialidad del ponente quedó atrás, y la casación entra en su fase definitiva.
Un auto de 17 páginas, que revisó La FM, recogió los argumentos de las víctimas acreditadas en el vasto expediente. El magistrado José Joaquín Urbano le propuso a la Sala de Casación Penal conservar a su presidente al frente de la causa, y el paraninfo acogió la postura por unanimidad.
El tribunal declaró "infundada" la recusación que presentaron los abogados Reinaldo Villalba, defensor del senador Iván Cepeda, y Miguel Ángel del Río, apoderado de la médica Deyanira Gómez, exesposa del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, un testigo clave contra el ex jefe de Estado.
Los oponentes del exmandatario "parten de supuestos abstractos y especulativos", remarcó la Sala, que calificó a la recusación como "injustificada". El auto advierte que los alegatos no demuestran un "interés actual, cierto, concreto y trascendente que menoscabe" la ecuanimidad de Solórzano.
En diciembre de 2024, un magistrado de la Corte Suprema de Justicia se posesionó por primera vez en la historia ante el alto tribunal, no en la Casa de Nariño frente al presidente de turno. Más de un año después, su nombre volvió a tomar protagonismo, aunque solo por un momento.
José Joaquín Urbano Martínez es un abogado y académico con amplia trayectoria en el derecho penal. Su hoja de vida incluye un pregrado en Derecho, un doctorado en la misma área y posgrados en criminología y derecho penal. Inició el 2026 con uno de los expedientes más observados de Colombia.
Urbano cumplió dos tareas clave en el largo proceso judicial contra el expresidente Uribe por una supuesta manipulación de testigos que el Tribunal Superior de Bogotá descartó en segunda instancia. La primera, elaborar la ponencia sobre la recusación contra su presidente, Carlos Roberto Solórzano.
El magistrado que destrabó la casación de Uribe
La segunda, recibir y tramitar las solicitudes del caso mientras el incidente se resolvía. A su despacho llegaron, por ejemplo, una petición de reconocimiento de víctima y otra de la defensa del exmandatario para acceder al expediente digital actualizado, según pudo establecer La FM.
Ninguna de las solicitudes, que ahora le corresponden a Solórzano, podía solventarse hasta superar el estanque de la recusación, salvo que se tratara de un asunto de trámite o secretaría, como el enlace que pidió el abogado Jaime Granados. El rechazo del pretendido impedimento de Solórzano dependía de Urbano.
Condenado en primera instancia y absuelto en segunda, Álvaro Uribe se enfrentará al principal tribunal de la justicia ordinaria en la etapa de casación que impulsan la Fiscalía y la contraparte civil. El ente acusador radicó el recurso el 15 de enero de 2026, y la Corte lo sorteó días después.
El Tribunal Superior de Bogotá revocó en octubre de 2025 la condena que en agosto impuso la juez Sandra Heredia por soborno a testigos y fraude procesal. La segunda instancia tumbó todos los cargos y le dio un nuevo giro a un convulso proceso próximo a cumplir catorce años.
La casación, que el congresista Cepeda como víctima anunció apenas el Tribunal leyó su sentencia, cayó por sorteo en el despacho de Solórzano. El paso siguiente es admitir o rechazar el mecanismo legal, citar a una audiencia de sustentación, radicar una ponencia y fallar, si bien la recusación suspendía todo.
En abril de 2022 Solórzano Garavito era parte de una lista de candidaturas para suceder a Patricia Salazar. Los altercados internos en la Corte retrasaron su elección más de un año, hasta que finalmente obtuvo un codiciado puesto en la Sala de Casación Penal, en la que en 2026 se convirtió en presidente.
Le quedan meses al proceso de Uribe. Luego de Solórzano, la deliberación sobre las pruebas y los testigos que presentaron tanto la Fiscalía como la defensa —que además de Granados tiene a Jaime Lombana—, y de los "yerros" que las partes alegan, dependerá de siete magistrados y una magistrada más.
Un supuesto conflicto de intereses que no fue
No es improbable que tengan que entrar conjueces, de acuerdo con las controversias sobre impedimentos. La magistrada Myriam Ávila y los togados Diego Corredor y Gerson Chaverra ya participaron en una determinación clave sobre Uribe: la tutela que en septiembre de 2025 confirmó su libertad.
La Sala Penal escogió el 21 de enero, en su primera sesión ordinaria del 2026, a Carlos Roberto Solórzano como presidente, en reemplazo de Myriam Ávila. El magistrado Jorge Hernán Díaz Soto será la mano derecha del jurista de casi 37 años de experiencia, como su vicepresidente.
El escrito de recusación de Del Río, Villalba y Cepeda —de nueve páginas y que La FM conoció— se refería a un hijo del presidente de la Sala Penal que trabaja junto al procurador Bladimir Cuadro Crespo, delegado en la causa contra Uribe y uno de los apelantes de la condena que se tornó en absolución.
Carlos Roberto Solórzano Rojas, hijo del magistrado Solórzano Garavito, trabaja en la Procuraduría General de la Nación desde mayo de 2024. Empezó en el ente de control nueve años después de desempeñarse en la firma de su papá, Carlos Roberto Solórzano Abogados SAS.
La entonces procuradora general, Margarita Cabello, lo nombró en provisionalidad con un decreto, y su sucesor, Gregorio Eljach, lo mantiene en el cargo. Para la bancada de víctimas, el lazo entre los Solórzano y el procurador Cuadro era un motivo suficiente para hacer a un lado al magistrado.
"Se encuentra acreditado que esta relación paternofilial tiene la potencialidad de afectar la imparcialidad del magistrado ponente, pues es su hijo el asesor del Ministerio Público al interior del proceso", aseguró el oficio que firmaron Miguel Ángel Del Río y Reinaldo Villalba.
El documento describía que la participación de Cuadro "ha sido bastante activa", porque "ha presentado múltiples intervenciones", pidió excluir pruebas, solicitó la absolución de Uribe y sustentó un recurso de apelación que sirvió para llevar el caso hasta la Corte Suprema.
La derrota de la recusación contra Solórzano
"Resulta pertinente que el honorable magistrado sea apartado del conocimiento del caso, toda vez que existe una vinculación externa a lo simplemente procesal entre el Ministerio Público y el despacho" de Solórzano, insistía la recusación, que la Corte zanjó sin el presidente de la Penal.
La Corte no acogió el texto. "Asumir que el funcionario no decidirá con objetividad el asunto sometido a su conocimiento con ocasión del cargo que desempeña su familiar es una elucubración abstracta", sostuvo la Sala Penal. Una "elucubración" es una divagación que aparenta profundidad.
Para el alto tribunal, incluso, "es fácil constatar que el hijo del magistrado Carlos Roberto Solórzano Garavito no es parte" de la causa ni alguien que hasta el momento haya hecho algo para comprometer la ecuanimidad de su padre. Contra el auto "no procede ningún recurso".
Varios penalistas se habían referido a las pocas oportunidades de que la recusación prosperara. El litigante Santiago Tespalacios Carrasquilla aseguró que "no es seria" y anticipó que sería "negada por la Corte". "No satisface, ni de cerca, alguna causal" de impedimento, concluyó.
Carlos Roberto Solórzano Garavito es abogado de la Universidad Santo Tomás, además de magíster en Derecho Penal y doctor en Derecho del mismo centro de estudios. Y es especialista en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia, donde es docente.
Ha dictado módulos en pregrado y posgrado en áreas penales de varias universidades. "Además de ser buen profesor, es un buen ser humano", le narra a La FM una de sus estudiantes, de la maestría en Derecho Penal de Los Andes. "Es claro, dinámico, apasionado; transmite con sus palabras", añade.
Se posesionó en junio de 2023 en una ceremonia que lideró el presidente Gustavo Petro. El mandatario, luego de una interpretación de piano del compositor Juan Posada, prometió respetar la independencia de la Rama Judicial. "No vamos a incidir en sentencias, no vamos a presionar al poder judicial", expresó.
