La FM en Google News
En más de 63 % se habría reducido la violencia y la actividad de bandas criminales en Barranquilla tras el traslado de algunos detenidos a otros establecimientos penitenciarios, según aseguró el ministro de Justicia, Iván Cancino.
El dato fue entregado por el jefe de la cartera de Justicia después del debate de control político que se adelantó en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, donde se discutieron las estrategias para impedir que las cárceles sigan siendo utilizadas como centros de operación para organizaciones delincuenciales.
Según Cancino, de acuerdo con el seguimiento realizado a las personas trasladadas, no se han vuelto a registrar casos de extorsión ni comunicaciones con organizaciones delictivas por parte de estos internos.
En ese sentido, el ministro explicó que los traslados hacen parte de una estrategia más amplia que busca cortar las comunicaciones entre los centros penitenciarios y las estructuras criminales que operan en las calles.
Más controles para cortar las comunicaciones
En relación a las medidas, Cancino aseguró que el Gobierno Nacional está trabajando en varias acciones de manera articulada para impedir que los delincuentes continúen utilizando las cárceles para coordinar actividades criminales.
Una de las medidas está relacionada con el fortalecimiento de los inhibidores de señal, con el propósito de bloquear las comunicaciones ilegales desde los establecimientos penitenciarios.
Sumado a eso, el ministro de Justicia también habló de la necesidad de que, a futuro, se construyan cárceles más alejadas de los centros urbanos, precisamente para dificultar el acceso a antenas y repetidores que puedan facilitar las comunicaciones de los internos con el exterior.
Pero la estrategia no se quedaría dentro de las cárceles. El Gobierno también plantea reforzar los controles en las vías públicas cercanas a los establecimientos penitenciarios, especialmente durante los días de visita, con participación de la Policía.
Doble control dentro y fuera de las cárceles
Durante el debate de control político, el ministro anunció además que se reforzarán las medidas de seguridad en los establecimientos penitenciarios, comenzando por un pabellón de alta seguridad en Girón, al que, según Cancino, serán trasladados 44 de los delincuentes más peligrosos del país.
La estrategia contempla doble requisa, tanto dentro de los centros penitenciarios como controles en el entorno de las cárceles.
La Policía y el Ejército realizarán operativos en las vías cercanas a los establecimientos durante los días de visita, con el objetivo de impedir el ingreso de celulares y estupefacientes.
También se revisarán las fuentes de energía y el uso de antenas satelitales portátiles de internet, ante la posibilidad de que los internos estén utilizando nuevas tecnologías para mantener comunicación con el exterior.
El objetivo, según explicó Cancino, es evitar que el bloqueo de una vía de comunicación termine siendo reemplazado por otra.
La preocupación también está en las extorsiones
Otro de los puntos planteados por el ministro tiene que ver con la utilización de celulares desde las cárceles para ordenar o coordinar delitos, particularmente extorsiones.
Por eso pidió una mayor coordinación entre MinJusticia, Inpec, Uspec, el Gaula y la Fiscalía, para identificar a los responsables, investigar las comunicaciones y llevar los casos ante la justicia.
Pero Cancino también puso el foco en lo que ocurre después de que se exige el pago de una extorsión. El ministro hizo un llamado a Asobancaria para que las entidades financieras puedan actuar rápidamente frente a cuentas, plataformas, pasarelas y otros medios de pago que estarían siendo utilizados para recibir el dinero producto de extorsiones coordinadas desde las cárceles.
La lógica planteada por el Gobierno es que no basta con bloquear la comunicación si el dinero de las actividades criminales puede seguir circulando.
El Gobierno habla de acciones articuladas
El ministro sostuvo que las medidas deben desarrollarse de manera conjunta y no depender exclusivamente del Inpec.
La estrategia incluye controles tecnológicos, traslados de internos, requisas, vigilancia en las vías públicas, control sobre las comunicaciones y seguimiento a los movimientos financieros relacionados con las extorsiones.
Y en medio del debate, Cancino insistió en que el problema no necesariamente está en la falta de normas, sino en la capacidad de hacerlas cumplir.
El Gobierno busca ahora ampliar estas medidas y utilizar los resultados obtenidos con los traslados de internos como parte de la estrategia para reducir la capacidad de las organizaciones criminales de operar desde las cárceles.
Por ahora, el dato entregado por el ministro es que en Barranquilla, después de los traslados, la violencia y la actividad de bandas criminales se redujeron en más de 63 %, mientras que, según su reporte, los internos trasladados no han vuelto a registrar casos de extorsión ni comunicación con organizaciones delictivas.
Cuatro preguntas con las claves de la noticia
¿Qué aseguró el ministro de Justicia?
Que los traslados de detenidos redujeron en más de 63 % la violencia y actividad de bandas en Barranquilla.
¿Qué pasó con los internos trasladados?
Según Cancino, no han vuelto a registrar casos de extorsión ni comunicación con organizaciones delictivas.
¿Qué nuevas medidas anunció?
Doble requisa, controles externos, inhibidores, revisión de antenas y reducción de fuentes de energía.
¿Qué pidió a los bancos?
Acciones rápidas sobre cuentas y medios de pago usados para recibir dinero de extorsiones.
