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El Gobierno quiere ponerle freno a los delincuentes que siguen operando desde las cárceles. En medio de un debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara, el ministro de Justicia, Iván Cancino, anunció nuevas medidas para reforzar la seguridad en los establecimientos penitenciarios y evitar que desde allí se sigan coordinando actividades criminales.
Entre las medidas planteadas están revisar el uso de antenas satelitales portátiles de internet, reducir las fuentes de energía disponibles para los internos, implementar doble requisa y reforzar los controles durante los días de visita.
El anuncio llega en medio de la preocupación por el uso de celulares y otros mecanismos de comunicación desde las cárceles para coordinar delitos, particularmente extorsiones.
La propia Cámara mantiene en trámite el seguimiento a las restricciones de comunicaciones en los establecimientos carcelarios.
44 presos de alta peligrosidad serán trasladados a Girón
El ministro Cancino explicó que estas medidas comenzarán a aplicarse inicialmente en un pabellón de alta seguridad en Girón, Santander.
Según el funcionario, allí serán trasladados 44 de los delincuentes más peligrosos del país. La idea es aumentar los controles sobre quienes, pese a estar privados de la libertad, podrían continuar utilizando diferentes mecanismos para mantener comunicación con el exterior y eventualmente coordinar actividades delictivas.
Y precisamente por eso, el ministro explica que el Gobierno plantea no concentrarse únicamente en los teléfonos celulares y que la revisión incluye las fuentes de energía, los mecanismos de conexión a internet y los controles físicos de seguridad dentro de los establecimientos.
Proponen doble requisa y controles en las visitas
Otro de los anuncios tiene que ver con las jornadas de visita.
Cancino señaló que se reforzarán las requisas y que Policía y Ejército realizarán controles en la vía pública durante los días de visita, con el propósito de impedir el ingreso de celulares y estupefacientes a las cárceles.
La apuesta es que el control no comience únicamente en la puerta del establecimiento penitenciario.
El ministro plantea que las autoridades puedan detectar y controlar desde antes los elementos que eventualmente serían introducidos a las cárceles.
Y esto es especialmente importante porque los celulares se han convertido en una de las herramientas utilizadas para mantener comunicaciones ilícitas desde los centros de reclusión.
No solo celulares: también internet y energía
Pero hay otro punto que llama la atención en el anuncio del ministro.
El Gobierno también quiere revisar el uso de antenas satelitales portátiles de internet.
La preocupación es que, mientras se bloquean o restringen determinadas comunicaciones móviles, puedan aparecer otras alternativas tecnológicas para mantener conectividad desde las cárceles.
Por eso también se plantea reducir las fuentes de energía disponibles, dentro de las medidas de control que se aplicarían en el pabellón de alta seguridad de Girón.
El objetivo es cerrar diferentes vías que puedan facilitar la comunicación no autorizada.
El Ministerio de Justicia ya ha venido trabajando en mecanismos de bloqueo de comunicaciones. El Decreto 851 de 2024 establece procedimientos para bloquear celulares y líneas utilizadas para generar llamadas o comunicaciones extorsivas desde establecimientos penitenciarios.
Una lucha que necesita varias entidades
Durante el debate, Cancino insistió además en que enfrentar los delitos que se ordenan desde las cárceles no puede ser responsabilidad de una sola institución.
Según el ministro, deben actuar coordinadamente el Ministerio de Justicia, el Inpec, la Uspec, el Viceministerio de Política Criminal, el Gaula y la Fiscalía.
En ese norte, el funcionario destacó que existe una ruta judicial para investigar y judicializar los casos de personas que estarían utilizando comunicaciones desde las cárceles para cometer delitos.
Pero el ministro hizo una advertencia: no se puede esperar a que termine una investigación judicial para comenzar a tomar medidas de control.
Es decir, la estrategia que plantea el Gobierno combina controles físicos, restricciones tecnológicas y acciones judiciales.
El reclamo a los bancos por las extorsiones
El ministro Cancino puso sobre la mesa otro elemento que puede resultar clave en la lucha contra las extorsiones. Hizo un llamado a Asobancaria y a las entidades financieras para que actúen con mayor rapidez frente a las cuentas, líneas pasarela y otros medios de pago que puedan estar siendo utilizados para recibir dinero producto de extorsiones ordenadas desde las cárceles.
La lógica planteada por el ministro es que no basta con bloquear el teléfono desde el cual se realiza una llamada extorsiva si el delincuente puede seguir recibiendo el dinero a través de los canales financieros.
Por eso pidió que el control también llegue al dinero.
“Colombia es un país repleto de leyes”
Durante el debate, Cancino también lanzó una crítica sobre la manera en que se están aplicando las normas.
En ese sentido, el ministro afirmó: “Colombia es un país repleto de leyes. Lo que tenemos es que dejar que las leyes sean sencillamente algo que leemos, de lo que sacamos pecho”.
Con esa frase insistió en que, a su juicio, el reto no está necesariamente en crear más normas, sino en hacer cumplir las que ya existen.
Y esa es precisamente la apuesta que está planteando el Ministerio de Justicia: mayor control dentro de las cárceles, restricciones a las comunicaciones, vigilancia sobre el ingreso de elementos prohibidos y seguimiento a los recursos económicos utilizados para pagar las extorsiones.
El desafío: que la cárcel no siga siendo centro de operaciones criminales
El anuncio del Gobierno pone nuevamente sobre la mesa una problemática que no se limita a los muros de las cárceles.
Porque cuando una persona privada de la libertad puede mantener comunicaciones con el exterior, coordinar actividades ilícitas o recibir pagos producto de esas actividades, el delito termina extendiendo sus tentáculos desde el interior de los establecimientos penitenciarios hacia las calles.
Ahora la primera prueba será la aplicación de estas medidas en el pabellón de alta seguridad de Girón.
Allí serán trasladados los 44 internos anunciados por el ministro y comenzará una estrategia que busca cerrar las diferentes vías utilizadas para mantener comunicaciones y operaciones criminales desde prisión.
El reto será que esas medidas realmente permitan recuperar el control de las comunicaciones, impedir el ingreso de elementos prohibidos y cortar también el flujo de dinero de las extorsiones.
Cuatro preguntas con las claves de la noticia
¿Qué anunció el ministro de Justicia?
Nuevos controles en las cárceles, entre ellos doble requisa, reducción de fuentes de energía y revisión del uso de antenas satelitales portátiles.
¿Dónde comenzarán las medidas?
En un pabellón de alta seguridad en Girón, donde serán trasladados 44 internos considerados de alta peligrosidad, según el ministro.
¿Qué pasará durante los días de visita?
Policía y Ejército realizarán controles en la vía pública para evitar el ingreso de celulares y estupefacientes a las cárceles.
¿Por qué el ministro habló de los bancos?
Porque pidió mayor rapidez de las entidades financieras para bloquear cuentas y medios de pago utilizados para recibir dinero producto de extorsiones.
