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En abril de 2022 Carlos Roberto Solórzano Garavito era parte de una lista de candidaturas para suceder a Patricia Salazar Cuéllar. Los altercados internos en la Corte Suprema de Justicia retrasaron su elección por más de un año, hasta que finalmente obtuvo un codiciado puesto en la Sala de Casación Penal.
Ahora, en enero de 2026, el nombre de Solórzano gana más notoriedad. En la misma semana se convirtió en el presidente del máximo paraninfo al que un penalista puede aspirar, y en el ponente de uno de los casos más discutidos en estrados y aulas de Colombia: el del expresidente Álvaro Uribe.
Condenado en primera instancia y absuelto en segunda, Uribe se enfrentará al principal tribunal de la justicia ordinaria en la etapa de casación que impulsan la Fiscalía y las víctimas acreditadas. El ente acusador radicó el recurso el 15 de enero, y la Corte lo sorteó días después.
El Tribunal Superior de Bogotá revocó en octubre la condena que en agosto impuso una juez contra el exmandatario por soborno a testigos y fraude procesal. La segunda instancia tumbó todos los cargos y le dio un nuevo giro a un convulso proceso que está próximo a cumplir catorce años.
La casación, que el senador Iván Cepeda como víctima anunció ni bien el Tribunal leyó su sentencia, cayó por sorteo en el despacho de Carlos Roberto Solórzano. El paso siguiente es admitir o rechazar el mecanismo legal, citar a una audiencia de sustentación, radicar una ponencia y fallar.
Al proceso le quedan meses. Luego de Solórzano, la deliberación sobre las pruebas y los testigos que presentaron tanto la Fiscalía como la defensa de Uribe —en cabeza del penalista Jaime Granados—, y de los "yerros" que las partes alegan, dependerá de siete magistrados y una magistrada más.
El magistrado que asumirá el reto de la casación de Uribe
Es probable que tengan que entrar conjueces, de acuerdo con las controversias sobre impedimentos. La magistrada Myriam Ávila y los togados Diego Corredor y Gerson Chaverra ya participaron en una determinación clave sobre Uribe: la tutela que en septiembre de 2025 confirmó su libertad.
La Sala Penal escogió el 21 de enero, en su primera sesión ordinaria del 2026, a Solórzano Garavito como presidente, en reemplazo de Ávila. El magistrado Jorge Hernán Díaz Soto será la mano derecha del jurista de casi 37 años de experiencia, como su vicepresidente.
Carlos Roberto Solórzano es abogado de la Universidad Santo Tomás, además de magíster en Derecho Penal y doctor en Derecho del mismo centro de estudios. Y es especialista en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia, donde es docente.
Ha dictado módulos en pregrado y posgrado en áreas penales de varias universidades. "Además de ser buen profesor, es un buen ser humano", le narra a La FM una de sus estudiantes, de la maestría en Derecho Penal de Los Andes. "Es claro, dinámico, apasionado; transmite con sus palabras", añade.
Se posesionó en junio de 2023 en una ceremonia liderada por el presidente Gustavo Petro. En otras corporaciones, como la Corte Constitucional, el gesto sería más diciente: el magistrado Héctor Carvajal juró frente al mandatario, el togado Carlos Camargo lo hizo ante el alto tribunal.
En todo caso, el día del acto el jefe de Estado, luego de una interpretación de piano del compositor Juan Posada, prometió respetar la independencia de la Rama Judicial. "No vamos a incidir en sentencias, no vamos a presionar al poder judicial", expresó Petro.
La sentencia del caso Becerra y el enfoque penal de Solórzano
Poco antes de la vacancia judicial de 2025, Solórzano cerró el año como ponente de la sentencia que zanjó el caso del grafitero Diego Felipe Becerra. Aunque la Corte rebajó las penas de los policías involucrados, reafirmó su responsabilidad en el homicidio y su posterior montaje.
El patrullero Wilmer Alarcón le disparó al joven de dieciséis años en agosto de 2011, y sus compañeros uniformados buscaron alterar la escena. Diego pintaba graffitis con unos amigos en la calle 116 con Avenida Boyacá, en Bogotá, cuando una patrulla policial los abordó.
Los muchachos huyeron. Alarcón los persiguió y baleó a Becerra, quien murió. El teniente coronel retirado Nelson Arévalo, el subintendente Fleyber Zarabanda y el sargento Juan Leal modificaron informes para acusar al menor falsamente de ser un asaltante que atacó primero.
Un juzgado de Bogotá sancionó en 2023 a Wilmer Alarcón a veinte años y medio de cárcel por fraude procesal y porte ilegal de armas de fuego agravado. El subteniente Rosemberg Madrid Orozco resultó condenado a más de once años por favorecimiento al homicidio.
El juzgado, además, condenó a Juan Leal y Fleyber Zarabanda a mas de veinte años por favorecimiento al homicidio y porte de armas de fuego. La segunda instancia, el Tribunal de Bogotá, cambió varias decisiones. Y todo terminó en la Corte Suprema por demandas de casación de los policías.
Con la ponencia del magistrado Carlos Roberto Solórzano, la Sala Penal detalló varios tecnicismos en la dosificación de las penas y, sin cambiar la decisión sobre la culpabilidad, rebajó por ejemplo la condena contra Leal a 240 meses, veinte años de prisión.
Posturas jurídicas y decisiones de alto impacto
Fleyber Zarabanda se quedó con 228 meses de prisión, diecinueve años, y Wilmer Alarcón, el homicida, obtuvo exactamente la misma pena. La Corte indicó que los funcionarios tuvieron una "división mancomunada del trabajo criminal".
Según intentó alegar la defensa, el caso debía corresponderle a la Justicia Penal Militar, no a la justicia ordinaria. La Sala Penal rechazó el argumento, porque el asesinato y el montaje no tenían relación con las labores propias de su cargo.
"La obtención de un arma de fuego y su implantación en la escena donde cayó abatido el adolescente D.F.B.L. para encubrir el homicidio (...) ninguna relación tienen con las funciones que constitucional y legalmente les corresponden", sostuvo la Sala.
Quienes se han cruzado con Solórzano lo describen como decente y destacan una postura humana frente al derecho penal. Académicamente hablando, defiende que el sistema penal colombiano requiere ajustes para controlar la etapa de imputación y que no sea "un acto de mera comunicación".
No se ve a sí mismo como sociable, sino más dedicado a la academia, y reseña su llegada a la Corte como "lo más hermoso que le puede pasar a uno", según una entrevista en el pódcast 'El escritorio de Luis' en julio de 2024. Al final de su periodo quiere "que quede claro que se tomaron decisiones justas".
Tiene una posición clara acerca del régimen chavista en Venezuela. En noviembre de 2025, cuando la Corte debatió la extradición de Johan Michael García Rojas, alias 'Gallina', del Tren de Aragua, Solórzano se opuso, por considerar ilegítima a la justicia venezolana que lo requería.
Un expediente emblemático en un despacho clave
"El trámite de extradición es adelantado por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Esa institución ha sido permeada por las irregularidades que aquejan al Gobierno de ese país", subrayó en su salvamento de voto, en el que resaltó la recompensa de Estados Unidos por Nicolás Maduro.
Junto a la magistrada Marjorie Zúñiga, de la Sala de Casación Laboral, Solórzano encabeza el comité de convivencia laboral de la Corte Suprema, un órgano interno que se encarga de disputas entre funcionarios que no impliquen la intervención de la Procuraduría o de la Comisión de Acusación.
Zúñiga y Solórzano le remitieron a la Comisión en diciembre del año pasado una queja de la magistrada Cristina Lombana, de la Sala de Instrucción, contra su entonces presidente, César Reyes, por presunto acoso laboral. Ambos fueron hasta la Cámara para llevar un documento de dos páginas.
"Teniendo en cuenta que el comité agotó la etapa de diálogo y gestión conciliatoria prevista en la normativa vigente, se configura el fracaso de la conciliación, razón por la cual se procede a la correspondiente remisión del asunto a la autoridad competente", sostiene el oficio.
Como la Comisión de Acusación investiga tanto penal como disciplinariamente a los magistrados de las altas cortes, Solórzano y Zúñiga se desmarcaron de la riña y le enviaron las carpetas del caso a la presidenta de la célula legislativa, Gloria Arizabaleta.
Así que el expediente de Álvaro Uribe se cruza con el nombre y la trayectoria de Carlos Roberto Solórzano, cuyo perfil se enfila hacia la primera lectura técnica de una de las causas más emblemáticas del país. La carga en su despacho no es ligera, y despertará sensibilidades pase lo que pase.
