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La senadora María Clara Posada cuestionó la gestión financiera de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y pidió una revisión rigurosa de sus gastos, al considerar que los recursos destinados a la entidad no se corresponden con los resultados obtenidos. En entrevista con La FM, la congresista presentó cifras relacionadas con nómina, arrendamientos, defensa jurídica, eventos y tiquetes, y reclamó una mayor rendición de cuentas.
Posada sostuvo que el debate presupuestal no debe interpretarse como un ataque contra la justicia transicional o el Acuerdo de Paz, sino como un ejercicio legítimo de control político en medio de las dificultades fiscales del país. Sus afirmaciones corresponden a los cálculos y documentos mencionados por ella durante la entrevista, y algunas de sus denuncias, como reconoció la propia senadora, deberían ser examinadas por las autoridades competentes.
Defensa jurídica de las FARC habría costado más de $40.000 millones
Uno de los primeros rubros cuestionados por Posada fue el dinero destinado a la defensa jurídica de exintegrantes de las FARC. Según la cifra presentada por la senadora, el Estado habría desembolsado $40.365 millones por este concepto.
“40.365 millones de pesos hemos pagado en defensa jurídica de las FARC”, afirmó la congresista, quien criticó que los honorarios de los abogados sean asumidos con recursos públicos.
Posada contrastó ese gasto con una publicación de Forbes de 2014, según la cual la antigua organización guerrillera tendría una fortuna calculada en 600 millones de dólares. A partir de esa referencia, cuestionó que la defensa jurídica recaiga sobre el presupuesto nacional.
“Con todo y eso, pues resulta que son los bolsillos de los contribuyentes colombianos los que les estamos pagando los abogados”, señaló.
Durante la conversación, la senadora reconoció que no tenía en ese momento una cifra equivalente sobre los recursos empleados en la defensa de integrantes de la Fuerza Pública comparecientes ante la JEP. No obstante, consideró que ese dato permitiría establecer un contraste más completo.
El costo del arrendamiento de la sede
La congresista también centró sus críticas en el arrendamiento del edificio donde funciona la JEP, ubicado en el sector de la carrera Séptima con calle 64, en Bogotá. De acuerdo con sus cálculos, desde la entrada en funcionamiento de la entidad se habrían pagado $114.200 millones, para un promedio anual de aproximadamente $16.314 millones.
Posada aseguró que, según el certificado de libertad y tradición consultado por su equipo, la constructora registró en 2020 un costo de construcción de $20.975 millones.
“Nosotros hemos pagado varias veces lo que vale la construcción en la que está la sede de la JEP y a nadie le ha llamado la atención”, manifestó.
La senadora preguntó por qué la entidad no ha evaluado la compra de una sede propia o el traslado a un inmueble cuyo costo resulte más proporcional. Asimismo, sostuvo que el propietario habría recuperado rápidamente el valor reportado de la construcción.
“En un año recuperaron la inversión de lo que les costó la construcción y anualmente reciben un retorno del 77 % del costo de la obra. No ha habido un mejor negocio del que yo tenga conocimiento”, declaró.
Posada aclaró que las diferencias señaladas no le permiten afirmar que se haya cometido un delito. Sin embargo, consideró que el contrato y las condiciones del arrendamiento deben ser investigados. “De ahí a uno calificarlo como un delito, pues hay un gran trecho, pero sí son conductas que merecen ser investigadas”, precisó.
Eventos y tiquetes bajo cuestionamiento
Otro de los puntos expuestos fue el gasto en operadores logísticos y desplazamientos. Según la congresista, la JEP habría destinado cerca de $32.000 millones a operadores logísticos y aproximadamente $24.000 millones a tiquetes nacionales e internacionales.
Posada planteó interrogantes sobre el propósito de esos viajes y utilizó la expresión “turismo jurisdiccional” para reclamar información detallada. Ante la pregunta sobre si los traslados podían estar relacionados con audiencias territoriales, encuentros con víctimas o búsqueda de desaparecidos, explicó que su cuestionamiento busca que la entidad revele los datos completos.
“Si ahí no hay ningún tipo de turismo jurisdiccional, si ahí no hay ningún tipo de conducta indebida, pues lo mínimo es que presenten las cifras con toda la tranquilidad frente a los colombianos”, sostuvo.
La senadora no presentó durante un desglose de los viajes o eventos. Por esa razón, su señalamiento quedó formulado como una pregunta de control político y no como una acusación sustentada sobre usos específicos de los recursos.
Nómina de la JEP llegaría a $404.470 millones
Posada calificó como especialmente preocupante el costo de personal de la jurisdicción. Según el consolidado citado por ella, la nómina de la JEP asciende a $404.470 millones, cifra que comparó con los $52.000 millones que, de acuerdo con sus datos, costaría la nómina del Ministerio de Justicia.
“La JEP vale ocho veces lo que vale el Ministerio de Justicia y está dando muchísimo menos resultados”, afirmó.
Al final de la entrevista, la congresista agregó que cada magistrado recibiría entre $47 millones y $52 millones, y señaló que la jurisdicción cuenta con 51 magistrados. No obstante, no entregó la cifra total de empleados vinculados a la institución.
La comparación generó uno de los cuestionamientos centrales de Posada: la relación entre el tamaño del presupuesto y los resultados judiciales alcanzados.
Posada calcula un costo de $180.000 millones por sentencia
La senadora aseguró que la JEP ha producido 21 sentencias derivadas de ocho macrocasos y 333 imputaciones. A partir de una inversión acumulada que, según dijo, podría llegar a $4,5 billones, calculó que cada sentencia le habría costado al país alrededor de $180.000 millones.
“Cuando usted se pone a ver que solo ha habido 21 sentencias de ocho macrocasos, de lo que podría ascender este año a una inversión de 4,5 billones de pesos, la matemática no miente: cada sentencia le está costando al país 180.000 millones de pesos”, expresó.
Posada también cuestionó el alcance de las sanciones impuestas y afirmó que, en su opinión, no responden plenamente a las expectativas de las víctimas.
“La JEP lo único que le ha entregado a los colombianos es 21 sentencias derivadas de ocho macrocasos, de 333 imputaciones, y unas penas simbólicas que, en lugar de reparar a las víctimas, las dejan con una sensación de impunidad”, manifestó.
“La JEP no es un monarca”
Más allá de las cifras, la congresista criticó la posición que atribuyó al presidente de la JEP frente al control presupuestal. Según Posada, ninguna institución financiada con recursos públicos puede sustraerse de la obligación de explicar cómo utiliza el dinero asignado.
“Hasta donde sé, la JEP no es un monarca. En este país vivimos en un Estado de derecho y todas las entidades del poder público están sujetas al derecho. Y estar sujeto al derecho se traduce también en tener que rendir cuentas y resultados”, declaró.
Para la senadora, revisar el presupuesto no implica desconocer la independencia de la justicia transicional. A su juicio, se trata de evaluar si el gasto es compatible con la situación de las finanzas públicas y con los resultados presentados por la entidad.
Recorte presupuestal y control político
Posada explicó que la controversia surgió durante una discusión en la Comisión Primera del Senado, luego de conocer las necesidades presupuestales expuestas por la JEP. Según relató, varios congresistas consideraron que la cifra solicitada debía reducirse debido a la situación fiscal del país.
“Esto es una cifra escandalosa, es una cifra que se tiene que acotar, toda vez que la situación fiscal del país es bastante desafiante”, recordó la senadora sobre la discusión.
La congresista señaló que la inversión acumulada en la JEP estaría en $3,8 billones y que, con los recursos reclamados, podría alcanzar los $4,5 billones. Insistió en que el cuestionamiento nació como un ejercicio de control político y no como una afrenta contra la entidad.
“Lo que nació como un ejercicio normal de control político, en funciones legítimas del Senado, termina en este enorme escándalo, porque la JEP entiende que esto es un ataque personal contra ellos”, aseguró.
Posada concluyó que la jurisdicción debe participar en los esfuerzos de austeridad que se exigen a las demás entidades estatales. Además, criticó el llamado que, según dijo, habría hecho el presidente de la JEP a la Corte Penal Internacional en medio de la controversia presupuestal.
Para la senadora, el elemento de fondo es la obligación de presentar cuentas claras, justificar cada gasto y demostrar que los recursos públicos se traducen en decisiones judiciales y respuestas efectivas para las víctimas.
*Este contenido fue escrito y producido por una inteligencia artificial bajo supervisión y curaduría de un periodista de La FM.
Bloque de preguntas y respuestas
¿Qué gastos de la JEP cuestionó la senadora María Clara Posada?
La senadora señaló costos por nómina, arrendamiento de la sede, defensa jurídica, operadores logísticos y tiquetes. Según las cifras presentadas en la entrevista, la inversión acumulada en la JEP alcanzaría los $3,8 billones.
¿Cuánto habría pagado la JEP por el arrendamiento de su sede?
De acuerdo con Posada, el Estado habría destinado $114.200 millones al arrendamiento de la sede de la JEP. La congresista indicó que el costo de construcción registrado para el inmueble fue de $20.975 millones.
¿Cuánto cuesta la nómina de la Jurisdicción Especial para la Paz?
Según el consolidado citado por la senadora, la nómina de la JEP cuesta $404.470 millones. Posada también afirmó que la jurisdicción cuenta con 51 magistrados, cuyos salarios estarían entre $47 millones y $52 millones.
¿Qué resultados de la JEP cuestionó María Clara Posada?
La congresista aseguró que la JEP ha emitido 21 sentencias relacionadas con ocho macrocasos y 333 imputaciones. Con base en sus cálculos presupuestales, estimó un costo aproximado de $180.000 millones por sentencia.
¿Por qué María Clara Posada pidió control sobre el presupuesto de la JEP?
Posada sostuvo que la JEP debe explicar el uso de los recursos públicos y participar en los esfuerzos de austeridad fiscal. También señaló que algunos gastos, especialmente el arrendamiento de la sede, deberían ser revisados por las autoridades competentes.
