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Los Secretos de D'Arcy Quinn lo dijeron más temprano: el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, fue por lana y salió trasquilado, y ha tenido que echar para atrás mucho de lo que dijo, pero, sobre todo, mostrar resultados.
Lo primero es que ayer les llegó a los medios que lo cubren este mensaje:
"Apreciados colegas:
Mil gracias por todo su interés en cubrir el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Por el momento, la Presidencia de la JEP no dará más declaraciones.
Por favor, agradecemos que sus solicitudes sean tramitadas a través de la Subdirección de Comunicaciones".
Como quien dice, no va a hablar más porque quizá habló demasiado.
Y lo segundo es que hay mucha presión para sacar decisiones en los próximos días. Ayer salieron cinco imputaciones a excomandantes de las Farc por casos de violaciones sexuales, y le informaron que para este viernes se vienen tres decisiones más para demostrar que sí están haciendo cosas.
La JEP, entre el recorte presupuestal y la defensa de su autonomía
El debate se originó por una propuesta del senador Enrique Gómez Martínez para trasladar $100.000 millones del presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) al Consejo Superior de la Judicatura. La iniciativa, planteada durante la discusión del Presupuesto General de la Nación para 2027, busca destinar esos recursos al fortalecimiento de la justicia ordinaria.
Ramelli advirtió que la reducción podría afectar el funcionamiento y la autonomía financiera del tribunal, así como las garantías de las víctimas y los comparecientes. Ante esos riesgos, remitió una comunicación a la Corte Penal Internacional (CPI) para solicitar respaldo a la independencia fiscal y judicial de la jurisdicción.
Los promotores del recorte sostienen que la medida responde a la situación fiscal del país y a la necesidad de revisar la eficiencia del gasto público. La controversia enfrenta, por un lado, los llamados a la austeridad y al fortalecimiento de la justicia ordinaria y, por otro, las advertencias sobre el posible impacto del ajuste en el cumplimiento de las funciones de la justicia transicional.
